Justicia quiere recuperar los 124.000 euros del testigo protegido del 'caso Brouard'

El Gobierno vasco se dirigirá a la Audiencia Provincial de Vizcaya para intentar recuperar los 124.374 euros que el erario autonómico concedió entre 1999 y 2002 a Miguel Navarro Salas, testigo protegido del caso Brouard que no aportó nada a la causa y ni siquiera compareció en la vista oral del segundo juicio por el asesinato del dirigente de HB. Joseba Azkarraga, consejero de Justicia, instó ayer al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a que "actúe e investigue" las actuaciones del juez instructor del caso, que concedió una ayuda mensual de 3.000 euros al testigo protegido número 2864.

Azkarraga cree que la propia sentencia de la Audiencia Provincial de 25 de junio sobre el segundo juicio por el asesinato del dirigente de HB Santiago Brouard, ocurrido el 20 de noviembre de 1984, obliga al órgano de gobierno de los jueces a tomar cartas en un asunto que calificó de "escandaloso". El fallo ve en la instrucción del juez José Luis González Armengol "aspectos muy llamativos que deberían investigarse judicialmente". El consejero anunció también su intención de exigir responsabilidades patrimoniales al Ministerio de Justicia si Navarro Salas no devuelve el dinero.

Como adelantó este periódico el miércoles, el testigo protegido 2864 recibió a instancias del juez una retribución mensual de 3.000 euros por los "perjuicios" que su decisión de colaborar con la justicia le iba a suponer. Esa colaboración se limitó a aportar a la causa unas supuestas fichas del Cesid -en ellas se afirmaba, por ejemplo, que ETA nació en una reunión de, entre otros, "Txikierdi, Arzalluz y el presidente de EE UU, Jimmy Carter"-, ya que ni siquiera compareció en la vista oral. La sentencia del caso Brouard se refiere a Navarro Salas como "una persona que dudosamente puede creerse que estuviera dispuesta a concurrir al acto del juicio".

Cobro con atrasos

El juez intructor del caso, José Luis González Armengol, actual decano de los jueces de Madrid, tomó la decisión por medio de un auto de mayo de 1999, basándose en una llamada telefónica de Navarro Salas, quien le aseguró que tenía "datos relevantes" sobre este atentado. El testigo protegido recibió esa cantidad mensual durante tres años, hasta que la fiscal jefe de la Audiencia de Vizcaya, María Ángeles Montes, recurrió el auto de Armengol y le fue retirada el 12 de julio de 2002. Ya antes, en febrero de 2000, la asignación había despertado las sospechas de Justicia. Entonces, se rebajó a 1.800 euros mensuales. Navarro Salas recurrió la decisión y obtuvo un resarcimiento de más de 60.000 euros en concepto de "atrasos" sólo ocho días antes del cese definitivo de los pagos.

Azkarraga precisó ayer el total recibido por el testigo: 124.374,07 euros, cantidad que ahora tratará de recuperar el erario autonómico. Sin embargo, dijo que la prioridad Gobierno vasco no es obtener el dinero, sino resarcir "a los familiares del doctor Brouard, y al conjunto de la sociedad vasca de una burla insoportable".

Azkarraga arremetió contra José María Michavila, ministro de Justicia, y el CGPJ, a los que acusó de "mirar hacia otro lado" ante la actuación de Armengol. Azkarraga aventuró que en otros países de nuestro ámbito estos hechos habrían desencadenado "ceses y dimisiones". Asimismo, extendió sus críticas a un sistema en el que los testigos protegidos no están "sujetos a control".

Al hilo de esa reflexión, el abogado de la acusación particular en nombre de la familia Brouard, Txema Montero, quien calificó el asunto de "escándaloso, pidió una modificación legal para que los testigos protegidos que entorpezcan la acción de la justicia o mientan sean condenados a la misma pena de la que venga siendo acusada la persona procesada en la causa. Montero denunció que la actuación del testigo protegido, vinculado a la ultraderecha alicantina, ha "afectado de forma grave en el caso Brouard".