La querella y la trama

La inadmisión a trámite de la querella presentada por el PSOE ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la supuesta trama inmobiliaria que podría estar tras la defección de dos diputados suyos en la Asamblea de Madrid no significa que los hechos denunciados no merezcan una investigación en toda regla. El Tribunal ha considerado que no tiene suficiente consistencia penal la sucesión de llamadas telefónicas, reservas hoteleras, relaciones profesionales y contactos políticos presuntamente sincronizados con la actuación de los dos diputados desertores. Pero hay algunas cosas claras, como son la acumulación perversa de casualidades, la alarma social que han provocado las sospechas de colusión entre la política y los negocios inmobiliarios y la indiscutible tergiversación de los resultados electorales, que exigen algún tipo de investigación, sea judicial, sea parlamentaria, o ambas. No tendría sentido que la sociedad española contemplara satisfecha este tipo de comportamientos y que el partido del Gobierno se limitara a regocijarse con el percance político sufrido por sus adversarios, sin percibir la gravedad del accidente que ha sufrido la democracia ni actuar para repararlo.

Llama la atención que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya rechazado una investigación que, en cambio, considera apropiada si la lleva a cabo la Fiscalía Anticorrupción, a la que remite el escrito de la querella y el resto de la documentación. Se habría ganado tiempo y sobre todo se habría avanzado en conocer la verdad si, como señala el magistrado discrepante con la resolución, el tribunal hubiera llamado a declarar a los querellados para indagar si los hechos eran meras casualidades o tenían una motivación económica o de otro tipo.

Seguramente el PSOE se precipitó en llevar al ámbito de la justicia unos hechos en los que la relación de causa a efecto entre la presunta trama de los querellados y la deserción de los diputados Tamayo y Sáez aparecía como una hipótesis fundada, pero insuficiente para sustentar un delito de cohecho. Procesalmente, habría sido más correcto presentar una mera denuncia, dejando a los jueces la responsabilidad de investigarla, puesto que una querella exige, por definición, la aportación de claros indicios delictivos para admitirla a trámite. Sin esos indicios, cuya ausencia se hace patente en la falta de concreción sobre el pago o precio económico que habría mediado en la actuación de los dos diputados tránsfugas, y sin el cual no hay delito de cohecho, era más que probable la inadmisión a trámite de la querella.

Pero ese delito, en forma de pago contante y sonante o mediante trasacciones más sofisticadas, no podrá descartarse mientras no se desentrañe el significado de las relaciones político-profesionales de los querellados y de los contactos mantenidos entre ellos en las vísperas de la espantada de Tamayo y Sáez. El Tribunal de Justicia de Madrid ha echado la pelota de la investigación en el tejado de la Fiscalía Anticorrupción. Sería un nuevo y descomunal escándalo que el fiscal del Estado, Jesús Cardenal, persistiera en bloquearla.