Alcarràs quiere que se investigue la llegada de inmigrantes

El alcalde de Alcarràs (Segrià), el convergente Gerard Serra, anunció ayer que no descarta acudir a la Fiscalía de Lleida para que investigue la llegada al municipio de inmigrantes indocumentados desde los centros de internamiento de extranjeros de Canarias y Andalucía. Serra y el sindicato UGT han denunciado que muchos de los temporeros que quienes llegan lo hacen con los billetes pagados por el Gobierno central.

Aunque fuentes gubernamentales admitieron el pasado miércoles que se ha enviado a "algunos inmigrantes" a Cataluña desde el centro de retención de Fuerteventura, habitualmente colapsado ante el constante goteo de subsaharianos que arriban a sus costas en pateras, la Subdelegación del Gobierno en Lleida emitió ayer un comunicado donde se afirma que "es absolutamente falso que el Gobierno pague el billete a extranjeros en situación ilegal desde Canarias, Andalucía o cualquier otro lugar de España hasta Alcarràs".

La nota añade que cualquier traslado de extranjeros se hace al amparo de la legislación y siempre entre los centros de internamiento ubicados en diferentes comunidades autónomas. En cambio, el alcalde de Alcarràs sostiene que al menos 43 de las más de 300 personas que viven hacinadas en un campamento improvisado en las afueras del pueblo, han reconocido en la oficina municipal de atención al recién llegado que la Administración les pagó el viaje hasta Lleida. Algunos de estos extranjeros indocumentados también han confesado que, tras ser interceptados en las costas españolas, no llegaron a ingresar en un centro de retención.

"Si esto no se frena y se implica quien tiene responsabilidad en asuntos de extranjería, que es el Gobierno central, llegaré hasta donde haga falta, incluida la fiscalía, porque se trata de un hecho gravísimo", advierte Serra. "No tiene sentido", señala, "pagar billetes a los sin papeles para enviarlos a otros puntos de España y después mandar inspectores para comprobar si los agricultores contratan temporeros ilegales. Es el propio Gobierno el que está generando esta situación. Si esta conducta es delictiva, hay que exigirle responsabilidades".