Un acusador nonagenario

Ha vuelto a una sala de juicio a sus 89 años. José Lecumberri lo ha hecho por Alicia Arístregui, la mujer asesinada a navajazos por su propio marido en plena calle de Villava, en abril de 2002, ante testigos numerosos testigos. A pesar de de que la víctima había puesto veinte denuncias por malos tratos y amenazas contra su esposo, ni los jueces ni la policía tomaron las medidas adecuadas para evitar que, una fatídica mañana, el acusado le asestara ocho puñaladas en una parada de autobús de la localidad próxima a Pamplona, instantes después de que los hijos de la pareja se alejaran hacia el colegio. Después, el agresor permaneció huido durante más de 24 horas antes de entregarse.

Ha sido su primer juicio con jurado y, probablemente, el último de su dilatada carrera profesional

El brutal asesinato condujo a la sugerencia por parte de la abogada que tramitaba la causa de la separación de Alicia Arístregui para que José Lecumberri llevara el caso. Los familiares estuvieron de acuerdo y el veterano letrado, a pesar de su edad, aceptó el reto.

A sus 89 años, Lecumberri ha ejercido la acusación particular en la vista del juicio llevado a cabo esta semana en la Audiencia de Pamplona contra el agresor y del que hoy, previsiblemente se conocerá el veredicto, emitido por el jurado popular. Ha sido su primer juicio con jurado y, probablemente, el último de toda su carrera, que se dilata a lo largo de 61 años de ejercicio. José Lecumberri no es, pese a todo, el letrado pamplonés de mayor edad en activo. "Está Jesús Iribarren, que tiene 93 años", puntualiza ante el interés público que ha despertado su intervención en este proceso judicial.

Lecumberri habla despacio, pero este penalista, un histórico de los tribunales navarros, tiene muy bien amueblada la cabeza, las ideas claras, y la línea acusatoria perfectamente definida. El letrado, que defendió casos como el famoso crimen de Velate o el recurso del Gobierno foral por el uso de las cadenas de Navarra en el escudo de Euskadi, llevaba diez años sin personarse en un caso criminal.

Su anterior proceso penal databa de 1992. Entonces acusó a un guardia civil retirado que descuartizó a su mujer en la localidad de Uharte Arakil. Poco antes había defendido un asesinato en Aguilar de Codés, el de un ex guarda de campo que mató con su escopeta a un concejal a la salida de un pleno porque no había atendido sus requerimientos.

En esta ocasión ha pedido 25 años de prisión para Jesús Gil Peláez por el asesinato de su esposa con premeditación y alevosía. "Este caso ha sido un nuevo reto para mí, porque hablar a nueve personas que son profanas en materia jurídica exige expresarse de forma muy distinta", explica Lecumberri, refiriéndose a los miembros del jurado popular. "No se pueden usar términos jurídicos complejos, sino construcciones de lenguaje que expresen claramente la tipificación penal que pedimos", añade el letrado, cuyo hijo, José Ramón, también abogado, lleva ahora las riendas del bufete pamplonés y ayuda estrechamente a su padre.

José Ramón Lecumberri fue la principal razón de que José no se retirara hace años de la profesión. Quería dejarle el despacho en las mejores condiciones posibles. Afirma que si su hijo no hubiera seguido sus pasos, hace años que estaría jubilado y dedicaría su tiempo a las tertulias con amigos en el Café Iruña y a leer literatura.

José Lecumberri no hizo vaticinios sobre el veredicto del jurado que ha decidido la suerte del acusado, pero siempre consideró que la claridad de los hechos no dejaba lugar a dudas sobre su sentido. Pese a ello, mantiene las cautelas, porque "el abogado que diga que nunca ha perdido un caso es que apenas ha tenido dos o tres en su vida", repite.

La inmensa veteranía de Lecumberri se contrapuso a la juventud de Joseba Llorente, de 28 años, el letrado que defendió a Jesús Gil Peláez, el marido agresor. Ayer, el ministerio fiscal decidió modificar la solicitud de la pena pedida inicialmente (quince años de cárcel), tras conocer los testimonios de los testigos y de los peritos. La muerte de Alicia Arístregui no fue un homicidio, sino un asesinato fríamente premeditado. Lecumberri defendió esa calificación penal desde el principio.