El PSOE denuncia que Bravo logró una gran promoción en un concurso amañado

El Ayuntamiento de Navalcarnero, gobernado por el PP, adjudicó casi un millón de metros cuadrados para oficinas, viviendas, hoteles y centros comerciales hace más de un año a tres promotores inmobiliarios en un concurso que los socialistas consideran plagado de anomalías. Entre los beneficiados estuvo Euroholding, la empresa de Francisco Bravo, el constructor que ayudó al tránsfuga Eduardo Tamayo el pasado 10 de junio, y otra promotora cuyo propietario está denunciado por los socialistas por supuesta estafa de un millón de euros al Ayuntamiento de Madrid en cursos de formación. La operación denunciada por el PSOE, sobre la que la Fiscalía de Madrid ha abierto una investigación y ha pedido la documentación al Ayuntamiento de Navalcarnero, arranca

El constructor que ayudó a Tamayo presentó ofertas erróneas y logró 275.000 metros

Los socialistas acusan a un promotor beneficiado de estafar al Ayuntamiento de Madrid

La Fiscalía de Madrid ha pedido al Ayuntamiento de Navalcarnero el expediente de la adjudicación

el 27 de mayo de 2002, cuando el pleno municipal vendió las tres parcelas con los votos del PP y la oposición del PSOE.

Euroholding presentó ofertas a las tres parcelas y se equivocó en las tres. Dos fueron adjudicadas por el ayuntamiento a dos uniones temporales de empresas con nexos en común, según el PSOE. La tercera parcela se adjudicó meses después por el procedimiento negociado (el Gobierno municipal pide ofertas a las empresas que desea y sin publicidad). Pese a que Euroholding había presentado ofertas plagadas de errores, por lo que había sido eliminada del concurso, el ayuntamiento invitó a la empresa a seguir haciendo ofertas por la parcela, de 277.000 metros cuadrados, cuyo concurso se había declarado desierto. Y se le adjudicó en agosto.

En los concursos, Euroholding siempre se equivocaba del mismo modo: "Confundir y entremezclar las plicas, así como la documentación de carácter económico y técnico". El PSOE destaca que una segunda empresa, Serviáreas, se equivocó igualmente al anunciar "por telegrama" sendas ofertas para dos parcelas que no concretó. Ambas sociedades, Euroholding y Serviáreas, tenían entonces en común sólo sus errores. Cinco meses después, sus consejos de administración tenían también un punto en común: José Joaquín Navarro Rubio, el administrador único de Serviáreas, figuraba en el consejo de Euroholding como auditor. El PSOE destaca las sospechosas coincidencias.

Los repetidos errores de estas dos sociedades regalaron el triunfo a la tercera oferta. La parcela I-8 de Navalcarnero, de 318.560 metros cuadrados, recayó por 5,9 millones de euros en una unión temporal de empresas que incluia las siguientes: Urtinsa, Hijes y Fomento Inmobiliario de Gestión. El PSOE denuncia que el terreno valía cuatro veces más (24 millones de euros) de lo que pagó la empresa adjudicataria. La parcela I-9, de 327.836 metros cuadrados, recayó por 6,1 millones de euros -vale cuatro veces más, según el PSOE- en la unión de empresas formada por Virton, Geurco, Grupo SMC y Promotora San Roque.

Ambas ofertas ganadoras, según el PSOE, tienen puntos en común. Urtinsa, Virton y Fomento Inmobiliario son propiedad de Pablo González Rodríguez. Este ex militante del PP gestionaba dos empresas, Laka e IE 3 Ingeniería Medioambiental, denunciadas por el PSOE ante la Fiscalía Anticorrupción por incurrir en múltiples irregularidades tras lograr más de un millón de euros para cursos de formación del Ayuntamiento de Madrid. "La vinculación política de este grupo con el PP ha sido elemento clave en sus adjudicaciones", señalaba el PSOE en su denuncia. Una de las empresas que logró suelo en Navalcarnero, Virton, tenía como apoderada en el momento del concurso a María Mercedes Romero de Tejada Esteve, hija de Ricardo Romero de Tejada, secretario general del PP en Madrid, según destaca el PSOE. Virton recibió numerosos contratos de Romero de Tejada en su etapa de alcalde de Majadahonda. Y Geurco pertenece a Javier Segurado. Su filial Incoda tuvo como socio al alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, según el PSOE.

Modesto Nolla, diputado socialista y secretario de Ordenación Territorial en la FSM, concluye: "Todos los indicios apuntan a que fue una operación amañada desde el principio. Una convocatoria sabiendo a quién había que adjudicar las parcelas. Es evidente que los adjudicatarios resultan ser personas siempre relacionadas con el PP, y en este caso alguno de ellos ya había aparecido implicados con un escándalo como el del Imefe".