Infraestructuras para sacar del bache a la UE
Bruselas propone realizar 45 grandes proyectos transeuropeos que deberían estar finalizados en 2020
El problema de financiación por el que atraviesa la Unión Europea para concluir en el ejercicio 2010 las grandes obras de infraestructura Transeuropea se agrava por momentos. Italia asume este martes el semestre de presidencia europea con el propósito de arrancar un acuerdo político de los 25 países miembros que permita impulsar las inversiones -públicas y privadas- necesarias para financiar los 11 proyectos de Essen, acordados en 1994 y aún en ejecución, y los 35 nuevos proyectos identificados por el grupo de alto nivel presidido por el ex comisario europeo Karel van Miert. La cifra que se maneja para la realización de todas estas infraestructuras es escalofriante: el coste total de la red se estima en 600.000 millones de euros.
De los 14 proyectos acordados en Essen, hace casi una década, sólo se han acabado tres y otros cinco estarán listos en el plazo previsto
Las obras ayudarán a la reactivación de la economía europea, pero los Estados tienen en estos momentos dificultades para asumir su financiación
Los Estados miembros dedican hoy un escaso 0,8% de su producto interior bruto (PIB) a las inversiones en infraestructuras, siete décimas por debajo que en los años ochenta (unos 50.000 millones de euros menos). El estrecho corsé de la disciplina presupuestaria impuesta por el Pacto de Estabilidad está en el origen de esta carencia de fondos públicos. La Comisión Europea ya advirtió en abril de que, a este ritmo, la conclusión de las grandes obras "prioritarias" previstas en el paquete de Essen se retrasará 10 años, hasta 2020 como mínimo. De los 14 proyectos acordados hace ya casi una década, tan sólo se han acabado tres y cinco lo harán en el plazo previsto. Las seis obras restantes, están en el limbo por culpa de la carencia de fondos.
Los obstáculos son también de naturaleza legal y administrativa, no sólo financiera. Por eso, el grupo de Alto Nivel presidido por Van Miert insiste en el informe que presentará mañana que la Unión Europea debe "reformular" las líneas básicas de la red de transportes Transeuropea y darle un nuevo "ímpetu" a la política de transportes, porque los problemas de congestión y la carencia evidente de interoperabilidad entre los distintos medios de transporte se harán aún más evidentes con la ampliación. De lo que se trata, grosso modo, es de coordinar y de concentrar mejor los recursos financieros comunitarios con la financiación pública proveniente de los Estados miembros -nacionales, regionales y locales-.
Mayor esfuerzo del BEI
La novedad ahora es que se quiere potenciar el papel del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para que actúe con sus avales y otros instrumentos financieros como un imán de las inversiones privadas. Hace justo dos semanas, el ministro de Finanzas italiano y próximo presidente del consejo Ecofin, Giulio Tremonti, anunció un ambicioso plan para duplicar en la UE la inversión pública en infraestructuras, con el BEI como piedra angular. El BEI destina en la actualidad entre 7.000 y 10.000 millones de euros a este tipo de proyectos. Los italianos aseguran que se podrían captar con su planteamiento hasta 50.000 millones, como mínimo.
La Comisión Europea se apresuró a señalar que esta iniciativa va en la misma línea que los trabajos que se están desarrollando desde la Dirección General de Transportes y que pretenden involucrar más al sector privado. La cumbre de Salónica tomó nota de las iniciativas del Ejecutivo comunitario y echó por tierra el plan Tremonti. Alemania, que no ve con malos ojos las intenciones de Bruselas, como Francia, convenció al resto de los socios de que la iniciativa italiana era poco fiable por los escasos detalles que se conocían del masivo plan. Sin embargo, se le dio mandato para que durante el semestre al frente de la UE avance hacia la adopción de una decisión política firme.
La UE confirmaba así su compromiso por impulsar las inversiones públicas en infraestructuras como una vía para reactivar el crecimiento económico y la cohesión territorial. La base que se utilizará con este objetivo es el informe elaborado por el grupo presidido por Karel van Miert. Los 14 proyectos prioritarios de Essen (entre los que se encuentra un paso multimodal entre España, Portugal y Centroeuropa y varias conexiones de tren de alta velocidad entre la península Ibérica y el norte y centro de Europa) se completan con otras 22 nuevas obras de envergadura que deberían estar concluidas en 2020 y que cubrirán también a los países candidatos. Además, se incluyen otros 13 proyectos más a largo plazo que se finalizarían en una fecha sin concretar aún.
El sistema de localización por satélite Galileo es el proyecto clave del plan y se prestará una atención especial a las barreras "naturales" de los Pirineos y los Alpes. Las cifras que se manejan son enormes. La UE necesitará movilizar un total de 248.000 millones de euros hasta el año 2020 para financiar los 22 proyectos prioritarios, de los que 112.000 millones deberán destinarse a los que están integrados en el paquete Essen y que están aún pendientes de finalización. El coste total de la futura red Transeuropea se elevará hasta los 600.000 millones de euros, incluidos los "no prioritarios". En este cálculo no se tiene en cuenta el gasto derivado del mantenimiento de las infraestructuras.
Los expertos del grupo de Alto Nivel dejan claro que el nivel de financiación actual (1% del PIB) tan sólo se podrá cubrir "un tercio" de la inversión total necesaria y advierte del impacto que puede llegar a tener en la economía el hecho de que se produzca un retraso generalizado en la ejecución de los proyectos prioritarios. La situación es todavía más dramática en el caso de las obras transfronterizas, donde existen además importantes carencias de coordinación entre las autoridades competentes a la hora de utilizar las diferentes fuentes de financiación.
El panel que preside Karel van Miert también pone en evidencia en su informe que los 20.000 millones de euros del presupuesto comunitario que se van a destinar hasta 2006 a las obras del plan de Essen "no parecen ser adecuados" para impulsar el desarrollo de los proyectos. Con vistas a las próximas perspectivas financieras (2007-2013) se anticipa que los fondos necesarios para cubrir sólo los proyectos "prioritarios" deberían elevarse hasta los 127.000 millones de euros. Un esfuerzo financiero de tal envergadura obligará inevitablemente a revisar los criterios para el reparto y la asignación de fondos comunitarios.
El grupo Van Miert defiende además que la Comunidad juegue un papel financiero relevante en las secciones de las obras transfronterizas, donde se presentan los mayores obstáculos. Y en este sentido se vuelve a insistir en el papel "crucial" que puede desempeñar el BEI gracias a sus diferentes sistemas de financiación. También se hace un llamamiento a que se establezcan nuevos mecanismos de financiación para integrar la iniciativa privada.
Choque sobre la tarificación
El esfuerzo de inversión que deberán realizar los Gobiernos será tal que algunos países como Francia y Alemania, viéndoselas venir, han optado por fijar sus propios sistemas de financiación unilaterales a través del cobro de un peaje a los camioneros que utilicen sus autopistas. La iniciativa chocó frontalmente con los intereses económicos de los países periféricos, especialmente España. La primera víctima de este enfrentamiento está siendo la Comisión Europea, que se ha visto obligada a retrasar sin fecha la presentación de una directiva sobre tarificación de las infraestructuras de transporte en la UE que será clave para el desarrollo del plan Van Miert.
La comisaria europea de Transportes, Loyola de Palacio, advirtió en abril de que en el futuro la construcción y el mantenimiento de las infraestructuras de transporte "no podrán seguir dependiendo del bolsillo del contribuyente", y dijo que deberán ser financiadas "por los usuarios". El objetivo de la futura norma europeo, que actualizará la actual directiva Euroviñeta de 1999, pretende armonizar para ello los criterios de fijación de tarifas por uso y gestión de las redes transeuropeas.
El tema salió a colación en la reunión de los ministros europeos de Transportes del 5 de junio, en Luxemburgo. España, apoyada por otros países periféricos como Holanda, Portugal, Finlandia y Dinamarca, lanzó duros ataques contra la política de hechos consumados de Francia y Alemania. Pero París y Berlín dejaron claro que para que los camioneros españoles puedan utilizar sus carreteras hay que "mantenerlas y mejorarlas" mientras se halla una solución comunitaria. Por si no fuera suficiente, recuerdan que la sociedad exige que las obras se hagan respetando el medio ambiente.
La Comisión Europea comprende estos argumentos, pero advierte de que los países periféricos no pueden verse penalizados por su situación geográfica, y es contraria a que los países fijen por su cuenta "un derecho de paso" en forma de impuesto. Además insiste en que el futuro sistema de tarificación deberá respetar los principios de "convergencia", competitividad y cohesión".
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