L'Entesa pide que García Antón explique en las Cortes por qué financia la carretera de la albufera de Oropesa

El diputado Ramon Cardona, del grupo parlamentario l'Entesa, que incluye a Els Verds, ha tramitado dos iniciativas relacionadas con la albufera de Oropesa en las que solicita la comparecencia del consejero de Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón, para que explique por qué la Generalitat es "cómplice" en la destrucción de esa zona húmeda. L'Entesa reclama una copia del convenio firmado en su día por el Ayuntamiento de Oropesa, la Diputación de Castellón y la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes para la construcción de una carretera que uniría la población con el complejo Marina d'Or. Las obras de esa carretera, conocida como avenida de Barcelona, fueron paralizadas cautelarmente el pasado día 4 de junio por el titular del juzgado número 2 de Castellón, el magistrado Pedro Luis Garrido, que estimaba así la solicitud presentada por el Grupo para la Conservación de los Espacios Naturales (Gecen).

Con sus iniciativas, Cardona quiere que la Generalitat explique por qué no ha dicho nada a raíz de la decisión judicial, sobre todo teniendo en cuenta que corre con el 80% del presupuesto de la polémica carretera. Ésta atraviesa la albufera de Oropesa, una zona húmeda que "es un bien jurídico protegido", según señala el auto del juez, quien añade que "cualquier actuación que afecte a la zona es ilegal".

El diputado considera que la Generalitat es "cómplice" de la destrucción de la albufera de Oropesa que conlleva la construcción de la carretera. "La consejería no puede seguir en esa línea destructora e ilegal", dijo Cardona, quien precisó que el departamento que dirige García Antón conoce perfectamente que esa carretera "es una barbaridad" que responde a una presión urbanística insostenible que, en el caso de salir adelante lo proyectado, supondría la construcción de 4.000 viviendas.

Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, encargada de la ejecución de las obras de la carretera, que anunció su intención de pedir a los ecologistas un aval para "garantizar los perjuicios" que se deriven de la paralización cautelar, defendió el proyecto y alegó no precisó de informe de impacto ambiental, ya que se incluyó en el Plan General de Ordenación Urbana del municipio como "zona urbana".