Cuba: ¿es posible una democracia soberana?
Uno de los recursos mejor aprovechados por el Gobierno cubano en su "batalla de ideas" contra opositores internos y externos es lo que en México se conoce con el horrible término de ninguneo: reducción a la nada, transformación del sujeto humano en un miserable insecto, descalificación moral de una persona por sus preferencias políticas. Ninguneo, entiéndase, asumido como odio, no como indiferencia. Debido a que los opositores, según ese Gobierno, no son tales, sino enemigos y traidores que deben ser aplastados, de acuerdo con una justicia "sumarísima" de guerra, las formas de la aniquilación pública oscilan entre la más represiva -el fusilamiento, la cárcel, el destierro- hasta la más diplomática: el desprestigio, el estigma, la calumnia.
Con el deliberado afán de borrar a los actores incómodos -la disidencia, el exilio, la intelectualidad crítica o la burocracia reformista-, ese Gobierno apela con mezquindad a cualquier expediente infamante: el pasado revolucionario de algún opositor -como si haber sido revolucionario fuera un pecado a los ojos de la propia "revolución"-, la vida privada de un disidente, sus amistades y costumbres "antisociales", sus ingresos, ventajas o comodidades y, sobre todo, sus "vínculos con una potencia enemiga": léase Estados Unidos y, ahora, España o Italia. Este último expediente, el de la dependencia, el de la falta de autonomía en el discurso y en la práctica, que reduce a cualquier intelectual o político opositor a una suerte de ventrílocuo, es el preferido del Gobierno cubano.
Nada más eficiente, a la hora de borrar a un sujeto incómodo, que su difamación como apéndice de un poder misterioso, cuya voluntad trasciende los estrechos márgenes del debate público nacional. Nada más rentable que el escarnio de la dignidad humana por medio de la caricatura de una persona como no persona, esto es, como máscara o autómata, como medio o recipiente de ideas y motivos ajenos, peligrosos. La brutalidad retórica con que el Gobierno cubano descalifica a opositores internos y externos como "anticubanos", "mercenarios", "agentes de la CIA", "cómplices de potencias enemigas", "marionetas del imperialismo", sólo puede ser obra de una gigantesca soberbia política: la de quien se siente dueño del único destino posible para toda una nación.
Admitamos que los 75 disidentes pacíficos y moderados, injustamente presos en Cuba, se equivocaron al desarrollar una excesiva dependencia financiera de instituciones cubanoamericanas, subordinadas al Gobierno de Estados Unidos, o al tolerar sin escrúpulos el alardoso comportamiento del jefe de la Sección de Intereses, James Cason. Aceptemos que cometieron el error de no escuchar la lúcida recomendación del ex presidente James Carter en su viaje a La Habana: "Manténganse a distancia de Washington". Aun así, estaríamos hablando de "errores" políticos, no de "crímenes contra la patria", y mucho menos, de deseos ideológicos perversos como una invasión norteamericana, la anexión de la isla a Estados Unidos o la creación de un Gobierno neocolonial.
El principal delito por el que fueron condenados a penas de entre 6 y 28 años de cárcel los opositores cubanos -"atentar contra la independencia y la integridad territorial de Cuba"- no fue demostrado en ninguno de los juicios "sumarísimos" contra la disidencia. Lo único que lograron probar los tribunales es que los disidentes recibían dinero de instituciones cubanoamericanas, a través de las cuales el Gobierno de Estados Unidos canaliza recursos en apoyo a la oposición interna y externa, y de mantener un vínculo -menos regular, por cierto, que el del propio Gobierno cubano- con la oficina de intereses de Washington en La Habana. Sin embargo, esa dependencia y la política injerencista que la sostiene, a pesar de lo contraproducentes que resultan para una oposición nacional que desea la democracia y la soberanía de su país, no es probatoria de atentado alguno contra la autodeterminación del pueblo cubano.
A juzgar por la literatura programática de la disidencia, resumida en documentos como La patria es de todos (1997), el Proyecto Varela (2002) y Medidas para salir de la crisis (2003), lo que desea esa oposición es un cambio de régimen pacífico y gradual con todos los actores del conflicto -incluido el Gobierno de Fidel Castro- hacia una democracia socialmente responsable, una economía de mercado controlada y una soberanía nacional intacta. En el punto 32° del proyecto Medidas para salir de la crisis, concebido por la alianza Todos Unidos, en la que intervinieron los tres principales líderes disidentes que permanecen en libertad (Oswaldo Payá, Vladimiro Roca y Elizardo Sánchez Santacruz), se insertó, incluso, un llamado a la derogación del embargo comercial de Estados Unidos contra Cuba.
La única manera de demostrar que esta plataforma es la mera fachada retórica de una "quinta columna de mercenarios" que desea la anexión a Estados Unidos es por medio de pruebas claras sobre un plan de invasión militar contra la isla y de la evidente implicación de los disidentes en el mismo. Esas pruebas, como sabemos, no existen, y las que el Gobierno exhibe, en torno a la dependencia financiera de instituciones cubanoamericanas, no son suficientes para juzgar por conspiración contra la independencia del país a ciudadanos que han cometido delitos de asociación y conciencia. No es la primera vez en la historia de Cuba que quienes desean un cambio de régimen político, preservando la soberanía nacional, recurren a apoyos externos: José Martí y Fidel Castro, para mencionar dos clásicos del nacionalismo revolucionario cubano, buscaron ayuda financiera y logística en Estados Unidos y en México.
En el fondo, la racionalidad jurídica de la represión de la disidencia cubana es política, ideológica y, por tanto, preventiva. Los 75 opositores cubanos fueron encarcelados, de acuerdo con la Ley 88 de 1999, por asociarse al margen de las instituciones del Estado y por expresar públicamente su rechazo al Gobierno de Fidel Castro. Es decir, por atreverse a ser opositores en un país donde la oposición es ilegal y punible. Las leyes del Gobierno de Fidel Castro establecen, al respecto, dos identidades que se complementan: oposición=enemistad y democracia=dependencia. Quien demanda democracia en Cuba, aunque sea de una manera pacífica y moderada, con financiamiento propio o ajeno, norteamericano o europeo, público o privado, es considerado automáticamente un enemigo, ya que en la imaginación totalitaria de ese régimen es inconcebible una soberanía democrática.
Haría bien la oposición cubana de la isla y la diáspora en desarrollar, intelectualmente al menos, el escenario de una democracia soberana. ¿De qué manera se limitaría la injerencia de un imperio vecino, como el norteamericano, bajo un régimen de libertades públicas? ¿Qué tipo de democracia es la más conveniente para un pequeño país del Caribe, como Cuba, que hace frontera con Estados Unidos? ¿Cuál sería el rol -si ha de tenerlo- de la clase política cubanoamericana? ¿Cómo implementar, desde un criterio flexible de independencia nacional, la repatriación de la diáspora? Éstas y otras preguntas podrían vislumbrar la pluralidad de un espectro político cubano que establezca como condición del cambio de régimen, y como política de Estado de la democracia futura, la preservación de la soberanía insular.
Rafael Rojas es escritor y ensayista cubano, codirector de la revista Encuentro.
