Sudán reclama la carga de explosivos incautada en un barco en Grecia
El Gobierno de Sudán reclamó ayer la carga de explosivos incautados en un buque por Grecia el domingo, y aseguró que las 680 toneladas de dinamita y los 8.000 detonadores estaban destinados a uso civil. Grecia, que ha procesado a los siete miembros de la tripulación acusados de transporte ilegal de explosivos, mantuvo ayer sus sospechas sobre la carga del barco y aseguró que esa cantidad de explosivos "no podía estar destinada a un uso civil", según afirmó el ministro de la Marina Mercante, Georges Anomeritis.
El ministro de Exteriores sudanés, Mustafá Osmane Ismaïl, afirmó que el barco abordado por fuerzas especiales griegas en el mar Jónico transportaba nitrato de amonio -un componente químico que puede ser utilizado como explosivo- "con fines civiles evidentes". Ismaïl señaló también que la sociedad a la que iba dirigida la carga "existe".
Las autoridades griegas habían asegurado que la compañía destinataria de la carga era "una sociedad fantasma", lo que hizo aumentar las sospechas sobre un posible destino ilícito del cargamento de explosivos, equivalente a una bomba atómica. El jefe del espionaje griego, Pavlos Apostolidis, señaló ayer en la televisión privada griega Mega que "no descartaba" que el cargamento estuviese destinado a Al Qaeda.
Pese a las protestas de Sudán, Grecia mantuvo ayer las sospechas sobre la carga. "Estamos investigando para saber quién se encuentra detrás del destinatario e, incluso en el caso de que se trate de una sociedad normal, esta cantidad es increíblemente importante", dijo el ministro de la Marina Mercante. "Si aceptamos que el destino no era ni un Estado ni un Ejército, es imposible que esta carga estuviese destinada a una sociedad privada. Es una cantidad demasiado grande y de ahí vienen nuestros interrogantes", agregó Anomeritis.
Túnez, el país donde fueron cargados los explosivos, también ha calificado de "sorprendentes y erróneas" las acusaciones griegas y aseguró que la carga había sido vendida dentro de una "total legalidad", en palabras del ministro del Interior tunecino, Hedi Mhenni.
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