El PP quita al pleno municipal la capacidad de discutir contratos y proyectos de obras

El primer pleno municipal de la era Gallardón aprobó ayer, con los votos a favor del PP y en contra de PSOE e IU, despojar a ese órgano de las competencias "de pura gestión administrativa" que hasta ahora tenía y cedérselas al gobierno local, del PP. El pleno mantiene la labor de control al ejecutivo y la capacidad de elaborar y aprobar normas, pero ya no podrá intervenir en la adjudicación de contratos, proyectos de obras o peticiones de créditos. PSOE e IU criticaron las "prisas" de los populares por cambiar la estructura municipal, y éstos alegaron que la medida "aumentará la eficacia" en la gestión.

El pleno municipal no funciona -mejor dicho, no funcionaba hasta ayer- como un parlamento. Su particularidad reside en que es órgano legislativo y ejecutivo a un tiempo: la aprobación de cualquier norma debe pasar por él, pero también cualquier mínimo trámite, cualquier adjudicación de contrato por pequeño que sea, en definitiva, cualquier decisión administrativa requiere un expediente al que deben tener acceso todos los ediles y que se debate y se vota en el pleno correspondiente.

Esto, según PSOE e IU, permite un mayor control de la gestión por parte de todos los grupos, pero según el PP lo único que hace es eternizar los plenos -que se prolongan durante horas y han llegado a tener más de un centenar de puntos en el orden del día- y restar agilidad y eficacia. Por eso, el PP propuso y aprobó ayer, con su mayoría absoluta de 30 concejales sobre un total de 55, ceder las competencias de "pura gestión administrativa" del pleno a la comisión de gobierno, implantando el modelo que ya rige en las Administraciones autonómica y central.

Estas competencias son principalmente la solicitud de créditos bancarios, la adjudicación de contratos y la aprobación de proyectos de obras. Su cesión al gobierno está prevista en el proyecto de Ley de Grandes Ciudades -aún en fase de tramitación parlamentaria-, aunque el portavoz municipal del PP, Manuel Cobo, recordó que la actual normativa, la Ley de Bases de Régimen Local, de 1985, ya recoge la posibilidad de despojar de esas funciones al pleno.

"Espero que, con el paso del tiempo, se darán cuenta de que esto introduce eficacia en el Ayuntamiento", afirmó Cobo dirigiéndose a los ediles de la oposición. "El pleno se convertirá en un órgano de debate de las grandes políticas locales y de decisión de las grandes estrategias, y se descargará de la mera gestión administrativa".

"Sólo le pedimos calma"

La oposición alaba la pretendida voluntad de "modernizar la administración local" del PP, pero critica que haya sacado adelante la medida "precipitadamente" y "sin consenso previo". "No se puede trasladar miméticamente la estructura de la Comunidad al Ayuntamiento, porque son instituciones distintas. Un cambio de esa naturaleza tenía que haber sido discutido en una comisión de coordinación formada por todos los grupos. Sólo le pedimos una cierta calma para poner en común las reformas", reclamó Sabanés, portavoz de IU, al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón.

Trinidad Jiménez se opuso a aumentar la eficacia "a costa del debate", propuso "descargar los órdenes del día duplicando el número de plenos [ahora hay uno al mes]" e insistió en que "no se puede imponer en el Ayuntamiento el sistema de funcionamiento de la Comunidad" porque ésta tiene también "más mecanismos de control". El popular Manuel Cobo replicó que la nueva fórmula "no restará capacidad de control": todos los asuntos que ahora ya no tratará el pleno pasarán, antes de ir a la comisión de gobierno, por las correspondientes comisiones informativas, donde están representados todos los grupos. La única diferencia es que esas comisiones se celebran a puerta cerrada, mientras que el pleno es público.