La fuerza de la UE en Congo da 72 horas para el desarme
Hallados sanos y salvos los dos observadores de la ONU secuestrados
El general francés Jean Paul Thonier, jefe de la Fuerza de Despliegue Rápido (FDR) de la Unión Europea, dio ayer un plazo de 72 horas al líder de la milicia de etnia hema de la Unión Patriótica Congolesa (UPC), Thomas Lubanga, para que desparezcan las armas de la ciudad de Bunia, capital de la región de Ituri. Las tropas internacionales empezaron ayer a patrullar esta ciudad.
A partir del martes, a las once de la mañana, las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido tienen la orden de confiscar el armamento visible. No se trata de una medida para imponer el desarme, pues la orden no prohíbe conservarlas en viviendas o cuarteles, sino para evitar el trasiego de milicianos, Kaláshnikov en ristre, en una ciudad peligrosa e insegura.
Hay violaciones, incluso a la luz del día, y secuestros nocturnos. Para mejorar la situación ayer comenzaron las primeras patrullas motorizadas de la FRD dentro de Bunia. La milicia del hema Lubanga -pese a que éste aceptó la imposición de una ciudad sin armas- realizó ayer una demostración de fuerza en protesta por el envío, el viernes, de 112 nuevos policías desde Kinshasa.
Tres centenares de personas vinculadas al UPC marcharon hacia la sede de la Misión de Naciones Unidas en Congo (Monoc) y trataron de hacerlo después en dirección a la base del campamento aeródromo de Bunia, donde se hallan acantonados esos policías, que son más refugiados que fuerzas de seguridad.
La Fuerza de Despliegue Rápido formó un formidable despliegue para impedir el paso a la manifestación, de 300 personas impidiendo el tránsito a los manifestantes, muchos de ellos ebrios y bajo el efecto de drogas. Un miembro de la Monuc dijo: "Creo que a partir del martes vamos a tener problemas".
Ayer reaparecieron sanos los dos observadores militares de la ONU, un ruso y un tunecino, que el jueves fueron capturados cerca de Beni, a 160 kilómetros al sur de Bunia, por una de las muchas guerrillas que operan en el país. En mayo, otros dos observadores fueron asesinados en el norte de Ituri. Sus cuerpos fueron víctimas de canibalismo ritual.
