Greenpeace defiende su protesta ante la juez y acusa al Gobierno de persecución

Greenpeace acusó ayer al Gobierno de someter a la organización a "una auténtica persecución" por protestar contra la tala ilegal de madera tropical y anunció que estudia las vías legales y políticas para responder al expediente sancionador y el aval de 300.500 euros que le exige el Ministerio de Fomento. Los activistas que se encadenaron al mercante Honour defendieron en el juicio su protesta; la Fiscalía pidió multas por desobediencia y coacciones.

El abogado de Greenpeace España, José Manuel Marraco, afirmó en los pasillos del Juzgado de Instrucción número 7 de Valencia que la organización ecologista "está sufriendo una auténtica persecución" y criticó la apertura del expediente sancionador por parte de Fomento antes de resolverse la vía penal iniciada ayer con el juicio contra los cinco activistas que ocuparon el pasado viernes el Honour y el capitán del Rainbow Warrior. El ministerio exige un aval de 300.500 euros antes de dejar zarpar de Valencia al buque de la ONG, el Rainbow Warrior. Esta cantidad corresponde a la multa máxima que podría imponer a Greenpeace por dificultar la entrada en el puerto del buque Honour. La organización considera irregular que se fije la cifra máxima y también la posibilidad de que se sancione a Greenpeace por la vía penal y la administrativa, por lo que estudia respuestas "jurídicas y políticas" a la situación.

El abogado subrayó que el expediente lo ha firmado el director general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors, "imputado por el caso del Prestige". Marraco también destacó, por inusual, la participación del delegado del Gobierno, Juan Cotino, en el operativo de la Guardia Civil que puso fin a la acción ecologistas en el Honour. Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña de bosques, recordó que Valencia es el principal puerto de entrada de madera tropical del Mediterráneo occidental. "El sector de la madera y el mueble de la Comunidad Valenciana está haciendo negocios sucios en África y está comprando madera a las empresas vinculadas con la destrucción de los bosques", dijo Soto.

En el juicio, el mando de la Guardia Civil que dirigió la operación para poner fin a la protesta, declaró que el barco de la ONG desobedeció "reiteradamente" la orden de parar motores, por lo que fue abordado "con grave riesgo" de los agentes. Una vez a bordo, el capitán del Rainbow Warrior, Joel Steward, "se encerró en el puente de mando", pero luego siguió las instrucciones de la Guardia Civil.

Steward aseguró que había parado el barco antes de la intervención policial y que lo puso de nuevo en marcha para evitar colisiones con las patrulleras de la Guardia Civil y el Honour. Antes de celebrarse la vista, Steward afirmó que los activistas de Greenpeace "no son delincuentes, los culpables del problema son otros y lo importante es la destrucción de los bosques". Los otros tres ecologistas juzgados -dos de ellos ya no están en España y delegaron su representación en el abogado- explicaron que no se opusieron a ser desencadenados del Honour, y que no pretendían "menospreciar la autoridad" de la Guardia Civil, sino "dar a conocer a la opinión pública el problema de la tala ilegal de los bosques en África".

La Fiscalía pidió para Steward 180 euros de multa por una falta de desobediencia. Para el resto, por una falta de coacciones, solicitó 60 euros de multa. La defensa pidió la absolución.