Un juez obliga a la Generalitat a permitir que unos padres visiten a su hija de tres años

Un juez de Barcelona ha dictado una resolución por la que ha obligado a la Generalitat a permitir que unos padres visiten a su hija de tres años, apartada de ellos al nacer. La decisión judicial se produce después de la reiterada oposición de la Administración por considerar que las visitas son traumáticas para la niña, porque no reconoce a sus padres, y por entender que los progenitores no pueden darle el afecto que precisa. El conflicto se originó después de que la Generalitat entregara a la niña en régimen de preadopción a otra familia, pese a existir una sentencia que ordenaba la devolución de la pequeña a sus padres naturales porque éstos habían superado por completo sus problemas con las drogas y tienen un trabajo estable y un piso en condiciones, informa Efe.

El juzgado adopta esta decisión en una resolución que fija también un régimen de visitas muy poco habitual. Los encuentros se llevarán a cabo en las instalaciones del servicio de asistencia técnica de los juzgados y adaptados al horario de la madre biológica. Todo ello será supervisado por una asistente social que designe el juzgado y que será ajena a la Generalitat.

La decisión judicial se produce después de que la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia haya incumplido una resolución obligando a devolver a la niña a sus padres de manera gradual y en el plazo de seis meses para que la pequeña pudiese habituarse. Entonces el juez estableció una serie de visitas programadas de dos horas tres veces por semana.

La Generalitat, que tiene la tutela de la niña desde mayo de 2000, argumenta que desde entonces ha realizado varios intentos por acercar a la niña a sus progenitores naturales y que esta experiencia ha resultado "traumática" para ella. Los padres biológicos, que son de origen marroquí, han visto a la pequeña en contadas ocasiones y en esos contactos la menor siempre ha repetido que quería irse con "sus padres", en alusión a los que fue dada en régimen de preadopción cuando tenía seis meses.

Antes de dictar esta drástica medida el juez ha instado en cuatro ocasiones a la Generalitat para que cumpla su decisión. En uno de esos requerimientos, de 13 de enero de 2003, el juzgado advirtió a la Generalitat de que si no cumplía la orden, podrían incurrir en un delito de desobediencia. No obstante, la Generalitat argumenta que esa decisión está recurrida ante la Audiencia de Barcelona. La madre biológica tiene otro niño de un año tras haber superado su problema con las drogas.