El Congreso endurece por unanimidad las penas contra los maltratadores

La lucha contra la violencia doméstica se refuerza. La Comisión de Justicia del Congreso acordó ayer considerar delito, y no falta, las agresiones físicas y el "menoscabo psíquico", lo que facilitará que los jueces acuerden medidas cautelares ante las denuncias de esos hechos. Estas modificaciones del Código Penal permitirán a los jueces dictar prisión provisional si consideran que el agresor pone en peligro la integridad de la víctima.

Todos los grupos parlamentarios que trabajan en la subcomisión de violencia doméstica y que han elaborado la orden de protección contra las maltratadas dieron ayer otro paso adelante en la lucha contra esta lacra social. Para ello realizaron varias modificaciones en el Código Penal que perseguirán de forma más contundente a los agresores.

La Comisión aprobó una enmienda transaccional (la presenta un grupo y sobre ella los otros realizan modificaciones) en la que concluyen que el agresor que amenace de modo leve con armas y otros instrumentos peligrosos será castigado con la pena de tres meses a un año de prisión o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días.

Lo mismo sucederá con la violencia o "menoscabo psíquico" que repercuta en la salud de la víctima.

Las asociaciones de mujeres llevaban años solicitando estas modificaciones, aunque su petición principal, una ley integral, que ataque el problema de raíz, todavía no se ha cumplido.

La retirada de armas y del permiso de éstas de forma inmediata cuando el agresor cometa un delito es otra de las las modificaciones aprobadas para velar por la integridad de las mujeres maltratadas y de cualquier víctima de la violencia doméstica.

La Comisión aprobó la propuesta de CiU de considerar como agravante que las amenazas con armas se realicen en presencia de menores, en el domicilio familiar o en el de las víctimas. En estos casos los jueces impondrán las penas en su grado superior. Lo mismo sucederá si el delito de amenazas se comete quebrantando una pena, una medida cautelar o de seguridad. El juez también podrá dictar prisión provisional para el agresor si considera que la libertad de éste supone un peligro para la integridad de la víctima.

Un nuevo camino

La diputada de CiU, Mercé Pigem, cree que las modificaciones acordadas "suponen un nuevo camino para luchar contra la violencia doméstica". Pigem lamentó que hasta ahora todas estas denuncias se tramitaban como faltas, por lo que los jueces no podían tomar ningún tipo de medidas para proteger a las víctimas de estas agresiones.

Los cambios en el Código Penal permitirán al juez, si lo cree necesario para la salvaguarda de los menores, disponer de la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento de entre seis meses y tres años.

Estas medidas dan cabida a las agresiones perpetradas por aquellos que tienen o han tenido una relación de afectividad sin que sea requisito que haya convivencia entre víctima y agresor.

El ministro de Justicia, José María Michavila, expresó ayer su satisfacción tras el acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios para la reforma del Código Penal en asuntos de violencia doméstica. Michavila aseguró que a partir de ahora el Estado de Derecho "amparará y protegerá más y mejor" a las víctimas de la violencia doméstica. Recordó que las reformas del Código Penal de 1995 supondrán un instrumento imprescindible para la protección de las maltratadas.

La diputada socialista, Micaela Navarro,también mostró su satisfacción y recordó que muchas de estas propuestas las han hecho llegar las asociaciones de mujeres, "que son las que más sufren".