El Defensor del Pueblo estudia quejas sobre 2.300 pisos sociales en Orcasur

El Defensor del Pueblo estudia la queja presentada por la asociación de vecinos Grupo Los Martes de Orcasur (Usera), en la que estos ciudadanos denuncian que el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), del Gobierno regional, les ha vendido los 2.300 pisos sociales donde residen "sin arreglar antes los vicios y defectos de los edificios".

Estos vecinos, que empezaron a adquirir sus casas en 1997, firmaron unas escrituras en las que renunciaban al derecho a reclamar al Ivima la reparación de los daños estructurales de los pisos. Aseguran que entonces no se dieron cuenta de la existencia de esa cláusula, que creen "abusiva".

Pero la rúbrica tuvo sus consecuencias porque, siempre según la versión vecinal, cada vez que solicitaban al Ivima que reparase defectos derivados de la mala edificación (fallos en la red de saneamiento, grietas, ladrillos y baldosas desprendidos), éste se negaba alegando que, al ser ya los vecinos dueños de sus pisos, debían asumir las reparaciones.

Portavoces del Ivima replican que llevan dos años arreglando estos edificios y que en ellos han invertido ya "10 millones de euros" en las dos últimas legislaturas. Entre las obras realizadas, estas mismas fuentes destacan, en 1997, la renovación de todas las cubiertas y la sustitución del saneamiento, y en 2001, la reforma de fachadas y bajos.

Los responsables del Ivima añaden, asimismo, que los pisos fueron construidos hace menos de veinte años, "por lo que no se trata de edificios viejos y defectuosos, sino de bloques nuevos" y que han sido vendidos a los vecinos "a precios muy económicos, de 12.000 a 30.000 euros".

Defectos ocultos

El Defensor del Pueblo, en un escrito remitido a los vecinos, recuerda que el Código Civil, en su artículo 1.485, sólo permite al vendedor dejar de responder de los vicios y defectos ocultos de la vivienda cuando no sepa que existen. Y plantea al Ivima que estudie la viabilidad de suscribir con los residentes un compromiso de reparación de los defectos de los edificios con un calendario de ejecución. También pregunta a este organismo si en el precio de compra que pagan los vecinos por las viviendas incluye una rebaja por los vicios constructivos que deberían reparar.

José Antonio Jiménez, abogado de la asociación Grupo de Los Martes, considera que el escrito del Defensor, aun sin ser definitivo porque todavía no ha adoptado ninguna resolución, "va encaminado a considerar que la actuación del Ivima ha sido abusiva". Considera, asimismo, que tiene gran repercusión porque no sólo afecta a las viviendas de Orcasur, "sino a las miles que vende el Ivima cada año a sus arrendatarios". El temor de los vecinos es que cuando su barrio tenga que pasar la inspección técnica de edificios (ITE) se vean obligados a afrontar reparaciones millonarias por fallos de obra que no son culpa suya.