Berlusconi: "Llevan siete años arrojando fango sobre mí"
El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, volvió a asumir ayer la propia defensa en el proceso que se sigue contra él en Milán, por presunto soborno a dos jueces. En medio de gran expectación, como ya ocurriera el 5 de mayo, cuando intervino por primera vez en el aula judicial, Il Cavaliere tomó la palabra para subrayar que se trata de un "proceso inventado", sin pruebas ni datos, que forma parte de una campaña denigratoria contra él. "Llevan siete años arrojando fango sobre mí", dijo el primer ministro, refiriéndose a los medios de comunicación que siguen con enorme atención el caso.
Berlusconi intervino sin recurrir a apuntes de ningún tipo, aunque su discurso aparentemente espontáneo había sido estudiado hasta en los menores detalles y concordado con sus abogados. Al contrario que en su declaración del 5 de mayo, ayer no mencionó el nombre de Romano Prodi, presidente de la Comisión Europea, con el que tendrá que cohabitar a partir del 1 de julio próximo, al asumir Italia la presidencia de turno de la UE. Acusó a Carlo de Benedetti, su gran adversario político y empresarial, de haber entregado una "consistente suma de dinero" a la Democracia Cristiana, "con ocasión de las elecciones de 1983", a cambio de favores como la venta a precio barato del coloso alimentario estatal SME. Berlusconi basó su acusación en una carta del ex ministro socialista Francesco Forte, que leyó al tribunal.
Después de haber alcanzado un preacuerdo con el IRI (instituto público que controlaba la industria estatal italiana) para adquirir la SME, en 1985, De Benedetti vio cómo el trato quedaba en papel mojado, al presentarse otras ofertas de compra, entre ellas una de Berlusconi con varios socios. Cuando recurrió a los tribunales obtuvo dos sentencias negativas en primer grado y otra en apelación, que, según la testigo, Stefania Ariosto, ex miembro del círculo de Berlusconi, habrían sido obtenidas con sobornos. Berlusconi se despidió hasta el 25 de junio, pero para entonces lo más probable es que el proceso haya sido suspendido, al entrar en vigor la nueva ley de inmunidad para los cinco altos cargos del Estado que está previsto aprobar hoy en el Parlamento.
