La Fiscalía de Madrid investiga si hay corrupción en la deserción de dos diputados

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió ayer abrir diligencias para investigar si hay una trama de corrupción inmobiliaria detrás de la deserción de los dos diputados socialistas de la Asamblea de Madrid Eduardo Tamayo Barrena y María Teresa Sáez Laguna. La investigación, que es fruto de una denuncia interpuesta por el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha sido encomendada a la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía madrileña, el equivalente en Madrid a la Fiscalía Anticorrupción, según fuentes del ministerio público.

La ausencia voluntaria de los diputados Tamayo y Sáez del pleno de la Asamblea de Madrid del pasado 10 de junio permitió al Partido Popular conquistar la presidencia de la Asamblea de Madrid pese a que la suma de diputados del PSOE e IU fue superior a la lograda por el PP en las elecciones autonómicas del pasado 25-M.

A esta investigación se va a unir también la denuncia que presentó ante la Fiscalía General del Estado, el pasado miércoles, el abogado Fernando Pamos de la Hoz contra los diputados Tamayo y Sáez por presuntos delitos de cohecho y de tráfico de influencias.

El PSOE ha anunciado que hoy interpondrá acciones legales contra ambos diputados, si bien los socialistas acudirán directamente a la vía judicial mediante una querella que se presentará ante la Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que preside el magistrado Javier María Casas. Esta instancia es la competente para esta materia puesto que los dos querellados son diputados de la Asamblea de Madrid y, por tanto, están aforados. No obstante, si en algún momento ambos diputados renunciasen a sus actas de diputado la citada sala del TSJM remitiría las diligencias a un juzgado de instrucción de la plaza de Castilla, donde proseguirían las pesquisas. La anunciada querella del PSOE ante el TSJM obligaría a la Fiscalía de Madrid a remitir todas las diligencias que haya efectuado hasta ese momento y remitirlas al Tribunal Superior.

Nexos con inmobiliarias

En su denuncia ante la Fiscalía, Izquierda Unida asegura que durante el citado pleno de la Asamblea de Madrid del 10 de junio, Tamayo y Sáez se ausentaron "deliberadamente" del mismo con el fin de que no saliera elegido presidente de la Asamblea Francisco Cabaco. Según esta denuncia, el 11 de junio, Enrique Cabezas, "un personaje ligado a la construcción, reservó en el hotel Los Vascos dos habitaciones, la 209 y la 309, a nombre de los diputados Tamayo y Sáez, donde permanecieron acompañados en todo momento por dos guardias de seguridad privados". IU vincula estas deserciones con los anuncios que durante la campaña electoral hicieron tanto el PSOE como IU, si ganaban, de "revisar la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y de vigilar las operaciones urbanísticas en curso para impedir la especulación ilegal sobre el suelo".

Agrega IU en su denuncia que la Comisión de Ética del PSOE "estudia unas denuncias presentadas por el militante del PSOE Enrique de Benedicto contra Tamayo y contra José Luis Balbás, empresario vinculado al mundo de la construcción y de cuyas empresas fue asesor jurídico Tamayo". A pesar de haber sido expulsados del PSOE, Tamayo y Sáez, siempre según la denuncia de IU, "han declarado su intención de no renunciar a sus actas de diputado y de participar en los próximos días en la elección del cargo de presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid".

IU concluye: "Estos hechos inducen a pensar que podríamos encontrarnos ante una operación de soborno, corrupción y cohecho, promovida por poderes fácticos, probablemente vinculados al sector inmobiliario, con el objetivo de subvertir la voluntad mayoritaria de los electores madrileños, expresada democráticamene en las urnas". IU no tiene dudas de que detrás de estas deserciones "hay una posible trama de corrupción económica en la Comunidad de Madrid".

La denuncia del abogado Fernando Pamos, que la Fiscalía General ha remitido a la de Madrid, consta de sólo dos hojas, aunque va acompañada de numerosos recortes de prensa que recogen la actuación de Tamayo y Sáez. El abogado considera que los dos políticos pueden haber cometido delitos de cohecho, consistente en solicitar o recibir dádivas a cambio de realizar en el ejercicio de su cargo una acción u omisión, y que está castigado con un máximo de seis años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación.