Los exculpados por 'Azpiegitura' barajan pedir pagos millonarios

La decisión de la Diputación de Vizcaya de no interponer recurso contra la sentencia del Supremo, por la que se absuelve a las personas involucradas en el caso Azpiegitura, ha cerrado la vía penal. La resolución del alto tribunal marca con claridad que el pago de las millonarias costas deberán ser satisfechas, en gran medida, por el ente foral. Ahora le llega el turno a la vía civil. La Diputación ya ha anunciado su intención de proseguir con la demanda de 1993 contra el arquitecto absuelto, Alberto López. Los acusados sopesan presentar demandas por daños y perjuicios.

Hay una frase pronunciada poco antes del segundo juicio, en enero de 2001, por el entonces diputado de presidencia y principal instigador del caso Azpiegitura desde la Diputación vizcaína, José Luis Bilbao, que los abogados de los encausados no olvidarán jamás. Bilbao argumentó entonces ante este periódico que la Diputación había pasado de acusar en el primer proceso a nueve personas, de pedirles 1.596 años de prisión en este procedimiento penal y 1.100 millones de responsabilidad civil a sólo cuatro porque, en esta ocasión, habían decidido "dejar los fuegos artificiales a un lado y centrarnos propiamente en la estafa".

El letrado de la acusación particular, en nombre de la Diputación de Vizcaya, pidió finalmente para el arquitecto Alberto López, el constructor Iñaki Ereño y los aparejadores Enrique Almenara y Federico Lorenzo un total de 20 años por el delito de estafa y otros seis meses para Ereño por falsedad en documento.

Ninguno de los letrados de los acusados tenía la semana pasada preparada ya la minuta que deberá pagar la Diputacion en cumplimiento de la resolución judicial. Este periódico ha hablado con los principales abogados a los que la Diputación debe pagar, por ahora, las costas del juicio. El letrado de Alberto López, su hijo Carlos, está a la espera de hincar el diente al que consideran la "bestia negra" de su situación, José Luis Bilbao. Y no descarta nada. El abogado de Ereño, Ángel Gaminde, ya ha anunciado su intención de reclamar a la Diputación 4.808.096 euros por "obra realizada y no pagada".

El letrado de Juan Llorens y Javier Martínez, Félix Rojo, quien ya anunció después del segundo juicio su intención de presentar demandas por daños y perjuicios, sopesa con sus clientes los pasos a seguir. El penalista Javier Beramendi, abogado del aparejador Enrique Almenara, inmerso ahora en otro juicio, aún no ha podido analizar con su defendido la situación. "Hay que estudiarlo bien. Motivos existen aunque hay que reconocer la dificultad", explica Rojo. Al dinero que ya ha tenido que sufragar la Diputación para pagar al primer letrado del caso, Fernando Lamikiz, habrá que sumar los honorarios del segundo letrado y lo que venga luego.

Trama política

No hay duda de que uno de los temas en los que incidirán los nuevos junteros de Vizcaya será el caso Azpiegitura. Ha sido, de hecho, el portavoz del PP en el parlamento provincial, Carlos Olazabal, el que se ha atrevido a dar una cifra de lo que este caso puede llegar a costar al erario público: entre 3.000 y 4.000 millones de pesetas.

De los nueve acusados en un principio, cuatro quedaron apeados de la causa. La trama política que rodeó a la primera instrucción, iniciada en septiembre de 1993 y finalizada con la celebración de la primera vista, en septiembre de 1996, parecía no tener sentido ya. De un plumazo se quedaron sin acusación el entonces diputado foral y presidente de Azpiegitura, Juan Llorens (PSE-EE), su brazo derecho y subdirector de Obras Javier Martínez (PNV) y los dos catedráticos que, según la acusación, habían dado "verosimilitud" a la estafa, Jesús Sáiz de Omeñaca, de la Universidad de Cantabria y Roberto Idiondo, de la Escuela de Ingenieros. Cada uno de ellos había pasado su particular calvario profesional y personal. Llorens dimitió de su cargo en la Diputación para defenderse mejor y no enturbiar más la mala imagen que entonces ya arrastraba un PSOE salpicado por los escándalos. Roberto Idiondo fue expedientado por la Universidad. Pero el caso más sangrante fue el del catedrático Sáiz de Omeñaca, cuya declaración durante la instrucción se prolongó tres días. Al final sólo le esperó un billete para la cárcel de Basauri.

Procesamientos y resoluciones judiciales que fueron ratificadas por la propia Audiencia Provincial, como resalta en su descargo la Diputación. Hoy la estafa se ha quedado en nada. Todo ha cambiado. Es el turno de los bufetes de abogados.