El Supremo inhabilita a un farmacéutico jubilado por un fraude cometido por su hijo

Un farmacéutico de Madrid no podrá dispensar ninguna receta médica prescrita por un médico de la sanidad pública y pagada por la Seguridad Social durante los próximos 10 años. Ése es el castigo que le ha impuesto el Tribunal Supremo porque en su botica se han defraudado 12.000 euros a la Seguridad Social con recetas falsas de fórmulas magistrales (medicamentos elaborados por un farmacéutico siguiendo las instrucciones de un médico). El fraude lo cometió el hijo del dueño de la farmacia, "engañado", según contó él, por unos visitadores médicos.

Este caso tiene varios matices. El primero es que el condenado, R.P. S., ya no tiene botica, porque está jubilado y traspasó el negocio a su hijo, R.P. C., hace cuatro años. El segundo matiz es que fue precisamente su hijo quien cometió el fraude, según él "engañado" por los visitadores médicos de una empresa que ya no existe. También es cierto que el fraude se cometió hace más de 12 años, a principios de 1991, cuando el hijo era el farmacéutico adjunto de la botica y el pensionista, ahora inhabilitado, era el titular del negocio. Por último, padre e hijo ya han saldado sus cuentas con la justicia hace varios años. El hijo fue condenado en enero de 1995 por la Audiencia Nacional a cinco meses de arresto mayor, 1.200 euros de multa y a devolver a la Seguridad Social los 12.000 euros defraudados. El padre, ya cansado de perder un recurso tras otro en los tribunales, negoció con el antiguo Insalud pagar una multa de 3.000 euros en junio 1999 para zanjar el asunto por el que ahora ha sido inhabilitado.

Ningún efecto

Con estos antecedentes, la sentencia ahora dictada por el Supremo no sólo llega un poco tarde, sino que no tendrá efecto sobre ninguno de los afectados. El padre seguirá disfrutando de su retiro y el hijo se mantendrá el frente de la farmacia.

Para comprender esta historia hay que remontarse a principios de 1991. En aquellas fechas, unos visitadores médicos de la empresa Cefarma S. L. contactaron con la farmacia, situada en el barrio madrileño de Argüelles, para proponerles un negocio. "Parecía todo legal y piqué como un pardillo", asegura hoy el hijo del farmacéutico.

La oferta de los visitadores era sencilla y podía ser lucrativa. Cefarma S. L. vendía las materias primas con las que elaboraban las fórmulas magistrales. Si la farmacia compraba a Cefarma S. L. estas materias primas, los visitadores médicos de la empresa se comprometían a recomendar a los facultativos de la sanidad pública que remitieran a sus pacientes a la botica familiar. La factura de todos estos nuevos clientes iba a ser pagada por la sanidad pública y esto iba a beneficiar a la farmacia y a la empresa.

Las negociaciones, que en todo momento llevó personalmente el hijo, dieron resultados suculentos. En sólo cinco meses, entre mayo y octubre de 1991, 1.219 nuevos clientes aparecieron por la farmacia a retirar fórmulas magistrales promovidas por Cefarma S. L. En total, fueron retirados productos por valor de 12.566 euros, que la sanidad pública pagó diligentemente.

Pero esta avalancha de nuevos clientes despertó las sospechas de los inspectores de la Dirección territorial del extinto Insalud. Lo que el farmacéutico hijo creía que era un "negocio legal", Sanidad lo consideró una trama "con propósito de lucro y con ánimo de causar un perjuicio patrimonial a la Seguridad Social", según la sentencia con la que la Audiencia Nacional condenó en 1995 a varios miembros de Cefarma S. L., a médicos y al farmacéutico a varios meses de arresto mayor o cárcel y a cuantiosas multas.

Pero el asunto no terminó con la condena al hijo por pertenecer a la trama. Sanidad también abrió diligencias contra el padre, ya que consideraba que era igualmente responsable como titular de la botica utilizada para el fraude.

Sanidad le impuso en septiembre de 1995 una inhabilitación de 10 años y un día para vender cualquier producto recetado por los médicos de la sanidad pública. El farmacéutico padre recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia, pero éste confirmó la pena en una sentencia dictada en junio de 1998.

El condenado volvió a recurrir, ahora ante el Tribunal Supremo, que acaba de confirmar la pena en un fallo de la Sala Tercera, en el que ha actuado como ponente el magistrado Martí García.

La sentencia del Supremo, sin embargo, ya no tiene ningún efecto. Poco después de presentar el recurso contra la sentencia del Tribunal Superior, el farmacéutico padre solicitó al Insalud cambiar la pena de inhabilitación por una multa económica. Alegaba que tenía pensado jubilarse y que iba a traspasar la farmacia a su hijo. Sanidad aceptó y cambió la pena por una multa de 3.000 euros.