Más presión para la Seguridad Social

El acelerado proceso de envejecimiento de la población española no es la única amenaza para la viabilidad del sistema público de pensiones, también lo es la política de prejubilaciones de las empresas, que envían entre 60.000 y 70.000 empleados por año a casa, y que, según un estudio de la escuela de negocios IESE, continuará en los próximos años aunque bajo condiciones menos favorables.

Los 10 grandes grupos empresariales españoles han prejubilado en el último decenio a 60.155 empleados, con una media de edad de 54,8 años y llegando en algunos casos a los 50, según el estudio, dirigido por el profesor Sandalio Gómez.

El 86% de las empresas están satisfechas con los resultados económicos de las prejubilaciones, asegura el estudio del IESE

En la actualidad hay cuatro personas en edad de trabajar por cada pensionista; en 2050, la proporción será de uno a uno

A escala nacional, el Ministerio de Trabajo y el Consejo Económico y Social (CES) estiman que cada año son prejubilados entre 60.000 y 70.000 trabajadores, de los que unos 20.000 corresponden a las grandes empresas. Sólo un 3,7% de los nuevos jubilados tienen más de 65 años.

"La política de prejubilaciones va en sentido contrario al Pacto de Toledo; en lugar de alargar la vida laboral, la acorta", afirma Gómez.

Este adelgazamiento de las plantillas españolas está teniendo lugar en un momento en que expertos y organismos internacionales cuestionan la sostenibilidad del sistema público de pensiones. La OCDE, el FMI y la Comisión Europea han propuesto reformas sustantivas para evitar una posible quiebra del sistema, que desde el Gobierno se niega, y que incluyen el fomento de sistemas complementarios privados.

Otros países europeos, como Francia y Alemania, cuyos déficit públicos superan los límites del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, han iniciado la reforma de sus sistemas de pensiones en medio de un clima de fuerte contestación social que coincide con una coyuntura de contracción económica, recesiva en Alemania.

El caso español presenta un perfil preocupante por la inversión de su pirámide demográfica -una base de población joven que se reduce de forma alarmante, y un vértice mayor que se ensancha cada vez más- debido al aumento de la esperanza de vida y a la caída de la tasa de fecundidad, lo que ha convertido a España en el séptimo país del mundo con mayor proporción de población envejecida. Las proyecciones de la ONU apuntan que en 2050 las personas mayores de 65 años alcanzarán los 13,8 millones desde los 8,8 millones en 2002, o lo que es igual: en casi medio siglo, 44 de cada 100 españoles tendrán más de 65 años (22 en 2002) y 30 tendrán más de 85 años (ahora 18).

Como resultado, la relación de cotizantes-jubilados se reducirá de forma dramática: de las cuatro personas en edad de trabajar por cada pensionista actuales, sólo habrá una en 2050. Los españoles que nazcan entonces vivirán 82,6 años, casi cuatro años más que ahora. Semejante longevidad y unos periodos de formación cada vez más dilatados que retrasan el acceso al mercado laboral, son los argumentos del mundo académico y empresarial en favor de un alargamiento de la vida laboral.

Según el informe del IESE, la Seguridad Social, además de enfrentarse a este riesgo estructural, está soportando la incorporación de un número creciente de prejubilados y jubilados -el 96,3% tiene menos de 65 años, con una media de 62,5 años- y a un aumento del gasto por el incremento medio de las pensiones, que en el periodo 1991-2000 fue del 62,5% de media. Además, los nuevos pensionistas entran en el sistema con pensiones un 63% más elevadas que las de menor cuantía.

El 86% de las empresas consultadas, cuya identidad se omite -si bien se infiere que entre ellas están Telefónica, SCH y BBVA-, se declaran satisfechas con los resultados económicos conseguidos con las prejubilaciones, aunque un 67% confiesa que se ha generado tensión e inseguridad en la plantilla. A pesar de ese grado de satisfacción, algo más de la mitad (57%) asegura que volvería a prejubilar "aunque suavizando las medidas" para hacerlas "menos atractivas", mientras que el 43% no descarta aplicarlas de nuevo.

Sin embargo, la muestra revela un elevado grado de insatisfacción empresarial tanto por la pérdida de empleados valiosos (29%), como por la conflictividad social (otro 29%).

"Se demuestra que es una medida discriminatoria y que a medio plazo provoca dos efectos negativos: la pérdida del capital intelectual y desánimo y desmotivación de las personas que al llegar ya a los 48 años ven que se acerca su prejubilación", afirma Gómez.

¿Cómo vive este proceso el empleado? Según el estudio, casi el 70% esperaba su prejubilación y la aceptó inmediatamente. En esta disposición influye el entorno que induce al trabajador a aceptar la prejubilación como un mal menor o como un seguro.

Los datos de la encuesta revelan cierta relación entre los empleados que se prejubilan a disgusto (35%) y los que confiesan gustarles su trabajo (40%), frente a los que les pareció bien la propuesta empresarial (39%) y los que afirman carecer de futuro en la compañía (44%). Más del 40% de los prejubilados de los 10 grandes grupos declara que siguen trabajando para sentirse útiles y por tener un complemento económico. Se trata de los ex empleados de alto nivel, pues los que desempeñaban funciones de base ni tienen otra actividad, ni esperan tenerla.