La corrupción, al poder

LA DESERCIÓN el pasado martes de dos diputados elegidos en las listas cerradas y bloqueadas del PSOE -Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez- durante la votación celebrada por la Asamblea de Madrid para designar al presidente de la Cámara autonómica dio la victoria a la candidata del PP. El volátil Tamayo justificó esa doble ausencia por la oposición de la pareja rebelde a los acuerdos en marcha entre PSOE e IU: el fuego artillero disparado por la propaganda del PP contra el gobierno social-comunista de Madrid había preparado el terreno para el avance de ese pequeño pelotón de infantería tránsfuga amparado por la misma bandera. La expulsión de los dos fugitivos parecía descartar -antes del fin de semana- el regreso de los hijos pródigos a la casa paterna: de confirmarse ese supuesto, las opciones serían la elección de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad (le bastarían sus 55 diputados y la ausencia o la abstención en segunda vuelta de los tránsfugas ex socialistas) o la convocatoria de nuevos comicios (si ningún candidato consiguiera la investidura dos meses después de celebrada la primera votación o por disolución anticipada de la Cámara).

Las conexiones entre los negocios y el poder pueden ayudar a explicar el comportamiento de diputados y concejales que abandonan el partido en cuyas listas fueron elegidos sin renunciar al escaño

La jurisprudencia interpretativa sobre la prohibición constitucional del mandato imperativo en las Cortes Generales permite a los concejales, los diputados autonómicos y los parlamentarios elegidos bajo las siglas y con la financiación de un partido conservar el escaño adquirido gracias a ese patrocinio institucional aunque abandonen sus filas o sean expulsados. Los remedios empleados contra esa patología de las instituciones representativas denominada transfuguismo han sido por el momento inútiles: el acuerdo firmado en 1998 por PP, PSOE y otros partidos también ha fracasado. Durante las cuatro primeras legislaturas se registraron en la Cámara Baja hasta 180 cambios de grupo parlamentario de diputados tránsfugas, aunque esa movilidad no haya provocado hasta ahora en el Congreso alteraciones en las mayorías ni cambios de gobierno. Por contra, las maquinaciones de los partidos de la oposición con los tránsfugas en el ámbito de los parlamentos autonómicos y los ayuntamientos han logrado deponer y nombrar presidentes de comunidades y alcaldes.

Ningún partido puede arrojar la primera piedra contra el transfuguismo adúltero. Eduardo Zaplana, por ejemplo, inició su fulgurante carrera política mediante el fichaje de una concejala socialista que le permitió asaltar la alcaldía de Benidorm con una moción de censura. El PSOE conquistó -o conservó- la presidencia de varias comunidades autónomas gracias a ese tipo de combinaciones: en 1987, Fernández-Albor fue derrocado en Galicia por Fernández-Laxe con ese método; en 1989, Leguina recurrió en Madrid a idéntico procedimiento para cerrar el paso a Ruiz-Gallardón; en 1990, el socialista Blanco sustituyó a Hormaechea en Cantabria en alianza con el PP; en 1991, un tránsfuga del PP arrebató en Aragón el poder a Enrique Eiroa -del Par-para entregárselo a José Marco.

Sólo en casos muy excepcionales cabría apostar -siempre con muchas precauciones- a favor de la hipótesis según la cual los tránsfugas que se llevan el escaño al abandonar un partido están impulsados por motivaciones altruistas o han sufrido una milagrosa caída ideológica del caballo en su camino hacia Damasco: sobre todo cuando su voto -como en Madrid- es capaz de quitar o dar mayorías. Las conjeturas psicologistas sobre la ambición de poder o la sed de venganza son insuficientes; ni siquiera resultan plenamente satisfactorias las explicaciones sólo basadas sobre los incentivos políticos ofrecidos -o los chantajes de revelar escándalos infligidos- por los partidos seductores a los tránsfugas seducidos. En el caso de la Comunidad de Madrid parecen más prometedoras las pistas de investigación que conducen hasta las oscuras conexiones entre el mundo de los negocios -en especial, las empresas constructoras, los promotores urbanísticos y las concesionarias de servicios públicos- y la esfera de las decisiones políticas, con el PP como apalabrada garantía de los intereses creados al fondo del paisaje.