El Gobierno "acata y no comenta" la indemnización de 26,4 millones de euros a Canal Satélite Digital

El vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó ayer durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo "acata y no comenta" la sentencia del Supremo que obliga a la Administración a indemnizar a Canal Satélite Digital (CSD) con 26,4 millones de euros. Según la sentencia, el decreto de enero de 1997 sobre la televisión digital obstaculizó el funcionamiento de la plataforma en cuyo accionariado participa el Grupo PRISA al imponer un sistema de descodificación de señales distinto al utilizado por aquella televisión de pago. Rajoy sostuvo que el Gobierno "estimaba que no procedía su condena por el Tribunal Supremo, pero una vez conocida la sentencia el Gobierno acata la decisión".

El ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, eludió pronunciarse sobre el fallo y se limitó a señalar: "No hago valoraciones de sentencias judiciales en ningún caso, ni en éste ni en otros que me gustaría hacerlo. Mantengo la misma doctrina, son respetables todas por igual y todas se tienen que cumplir sin excepción".

Precisamente fue Álvarez-Cascos, en su etapa de vicepresidente del Gobierno, quien impulsó en 1997 un conjunto de normas legislativas para intentar frenar el desarrollo de CSD y ganar así tiempo para el despegue de Vía Digital, la plataforma auspiciada desde el Gobierno y pilotada por el entonces presidente de Telefónica, Juan Villalonga. Álvarez-Cascos se escudó en aquellas fechas en el "interés general" para imponer el descodificador de Vía Digital.

En el Congreso de los Diputados, el PSOE presentó ayer una proposición no de ley en la que pide la reprobación de Álvarez Cascos, actual ministro de Fomento, como "impulsor y directamente responsable" de las decisiones del Gobierno que han dado lugar a la sentencia del Supremo. Los socialistas consideran que se adoptaron "en función de intereses exclusivamente particulares y en beneficio de determinadas empresas". En la iniciativa reclaman del Servicio Jurídico del Estado un informe para determinar la responsabilidad, incluida la patrimonial, en que los miembros del Gobierno pudieran haber incurrido por dolo, culpa o negligencia grave.