Cardenal precipita la renovación de la cúpula de la carrera fiscal

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, iniciará la reforma de la cúpula de la Fiscalía el próximo 27, al día siguiente de la entrada en vigor del Estatuto Fiscal, con la convocatoria de un Consejo Fiscal en el que sustituirá a los números 3 y 4 de la carrera, Juan José Martínez Zato y Fernando Herrero Tejedor, lo que le dejará libertad para remodelar la cúpula de la carrera sin ninguna oposición.

Martínez Zato ha aceptado la plaza de fiscal de Relaciones Institucionales y Herrero irá a la fiscalía de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. La remodelación dejaría así la plaza de nueva creación en la Sala de lo Social del Supremo para el fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, y queda una vacante que abre la posibilidad, según algunas fuentes, a que una mujer alcance el generalato de la carrera como fiscal de Sala.

La plaza de Juan José Martínez Zato se la disputarán en última instancia el fiscal jefe de Asturias, Rafael Valero Oltra, y el inspector José Luis Bueren. Según fuentes fiscales, el primero cuenta con más posibilidades y con el apoyo de la carrera, que votaría por él en el Consejo Fiscal, en tanto que el ministro de Justicia, José María Michavila, sintoniza bien con Bueren por el trabajo de éste en la puesta en marcha de los juicios rápidos. La jefatura de la Secretaría Técnica, organismo encargado de elaborar los dictámenes jurídicos a Cardenal será para Manuel Marchena, quien ha colaborado estrechamente con el fiscal general en los derroteros judiciales del caso Alierta.

Así las cosas, la cúpula de la carrera quedaría perfilada, según fuentes fiscales, de la siguiente manera: Jesús Bernal sigue al frente de la Sala de lo Civil y Eduardo Torres-Dulce y José Aranda, en la Sala de lo Penal. En la Sala de lo Contencioso cesa, pero será confirmado, Rogelio Gómez Guillamón hasta su jubilación, el próximo diciembre. La plaza que dejará vacante en la jefatura de la élite de lo Contencioso se olfatea ya como la fiscalía "gran reserva" del ministerio, el premio a descorchar en enero.

En la Sala de lo Social cesa, pero será confirmado, Juan José Martín Casallo, sala a la que se agrega la fiscalía diseñada para buscar acomodo al fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo. A la Sala de lo Militar se trasladará a Fernando Herrero, al que por sus desavenencias con Cardenal se intentará poner "a las órdenes" del fiscal togado, José Espinosa Carmona.

La tercera fiscalía de nueva creación por real decreto aprobado ayer en Consejo de Ministros será incorporada, previsiblemente, a la Sala de lo Penal. Posiblemente será para Luis Navajas, el veterano fiscal de San Sebastián, aunque algunas fuentes apuntan la posibilidad de que una mujer fuese destinada a fiscal de Sala para equilibrar el nombramiento de una magistrada en el Tribunal Supremo. En esa hipótesis, las citadas fuentes apuntan el nombre de Pilar Fernández Valcárcel, la de mayor antigüedad entre las fiscales del Supremo.

En las fiscalías especiales será confirmado Eduardo Fungairiño en la Audiencia Nacional; siguen José Ramón López-Fando en Antidroga y Juan Cesáreo Ortiz Úrculo en el Tribunal Constitucional, y queda por cubrir Anticorrupción, que será pedida por Carlos Jiménez Villarejo con el respaldo del Consejo Fiscal, pero cuyo nombramiento no será propuesto por Jesús Cardenal, o será vetado por el Gobierno.

Sobre la posibilidad de que Jorge Sena, el fiscal de Extremadura, ocupe Anticorrupción, fuentes fiscales dijeron que éste también habría declinado la oferta. Con él son ya tres los fiscales que rechazan el puesto de Jiménez Villarejo, después de que Martín Rodríguez-Sol, de Lleida, y Rafael Valero, de Asturias, dijeran "no" al ministerio.

El caso de Madrid

Tampoco se despeja la incógnita de Madrid, cuyo fiscal jefe Mariano Fernández Bermejo será relevado, después de la negativa del fiscal de Segovia, Antonio Silva.

El Consejo Fiscal del día 27 examinará las peticiones de Martínez Zato para Relaciones Institucionales y de Herrero para la Sala de lo Militar, así como la del teniente fiscal de Burgos, Gregorio Segurado, para la jefatura que dejó vacante José Luis García Ancos, el fiscal del caso Nevenka. El ministerio quiere tener resueltos los nombramientos más conflictivos antes de agosto, para dejar diluir el previsible malestar en la carrera y acometer en septiembre la renovación de otra treintena de jefaturas provinciales.