El juez encarcela al agresor por la alarma social provocada

El juez de guardia de Barcelona acordó ayer la prisión incondicional de Pedro Martínez Bustos, de 49 años, acusado del asesinato a martillazos de su ex compañera sentimental, Ana María Fábregas Escuder, el pasado martes. El magistrado apoya su decisión en la "alarma social" que ha provocado el caso, un concepto jurídico discutible en ocasiones pero más que evidente en este crimen.

"La sociedad en la que vivimos sí tiene un sentimiento de alarma respecto a la conducta de quienes, con absoluto desprecio a la integridad física y a la vida de las mujeres con las que mantienen o han mantenido relaciones sentimentales, comienzan un maltrato que se va agravando con el tiempo y que con más frecuencia de lo deseable acaba produciendo un resultado tan trágico", se asegura en el auto de prisión.

Durante su declaración ante el juez de guardia, el acusado negó los hechos y explicó que en el momento en el que se produjo el crimen estaba con otras dos personas. Pero ninguna de ellas ha testificado a su favor. El juez recuerda que en el atestado policial consta que varios testigos identificaron al detenido como la persona que salió del domicilio de la víctima llevando un martillo en la mano instantes después de oír gritar a la mujer. Estos testigos realizaron una descripción que se ajusta totalmente a la del acusado, por lo que el juez cree que no hay ninguna duda de que se trata de ese hombre, al que, además, conocían los vecinos desde hace tiempo.

Resistencia a la policía

Además del delito de asesinato, el juez imputa al agresor otro delito de quebrantamiento de condena por haberse acercado al domicilio familiar rompiendo la orden judicial que le prohibía hacerlo a menos de cien metros. El auto de prisión también le acusa de otro delito de atentado por haberse enfrentado a la policía durante su detención, a las pocas horas de cometerse el crimen.

Enrique Antonio Luque Muñoz, abogado de oficio del acusado desde el pasado mes de septiembre, explicó ayer que la pareja se conoció en un centro de desintoxicación para alcohólicos y que había mantenido una convivencia de dos años. Según el letrado, su cliente sólo tenía abiertas 10 diligencias en los juzgados de Barcelona, aunque en el registro informático constan 54 diligencias desde el año 1993. Esa base de datos sólo especifica el nombre de la denunciante, pero no a quién se denuncia, y no han de ser necesariamente hechos distintos porque una misma acción puede motivar más de una diligencia judicial.