Los jueces decretaron 3.638 órdenes de internamiento de enfermos psíquicos en 2002

Los dos Juzgados de Tutelas de Madrid firmaron el año pasado 3.638 órdenes de internamientos de personas en centros asistencias (hospitales psiquiátricos o residencias de la tercera edad), según fuentes jurídicas. Los afectados padecen patologías que los convierten en incapaces de tomar decisiones por sí mismas o para administrar sus bienes. Por ello, los familiares de estos enfermos, o el ministerio fiscal, recabaron de los jueces la preceptiva autorización para internarles con vistas a protegerles y para evitar un potencial riesgo a la sociedad.

Las patologías más comunes son los trastornos psicológicos y neurológicos incapacitantes. "También se están dando muchos casos de internamientos de personas que sufren anorexias nerviosas y que se niegan a ser atendidas", explican fuentes jurídicas de la plaza de Castilla.

Si el año pasado la cifra de internamientos fue ya de por sí elevada, los datos de este año relativos al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 10 de junio de 2003 no se quedan a la zaga: en ese tiempo los jueces han decretado otros 1.849 internamientos forzosos. Es factible que los familiares de estos enfermos intenten ingresar por su cuenta al enfermo en un centro asistencial antes de solicitarlo al juez, si bien es obligado que los médicos que firman el internamiento obtengan la preceptiva autorización judicial en un plazo de 48 horas.

Tras un periodo de internamiento, lo normal es que estos pacientes, concluida la fase aguda de su patología -un brote esquizofrénico, por ejemplo- reciban el alta y se les imponga un tratamiento ambulatorio. Y también que un mismo paciente sea ingresado más de un vez en un centro asistencial al cabo de un año.

Según fuentes jurídicas, en la época estival es cuando más peticiones de internamientos involuntarios suelen reclamar los familiares de los afectados. "La llegada del verano es prolija en peticiones de internamiento, y no sólo de enfermos psiquiátricos, también de ancianos que sufren enfermedades degenerativas", señalan.

Los dos Juzgados de Tutelas que hay en Madrid -los número 30 y 65, situados en el edificio judicial de la plaza de Castilla al que se accede por la calle de Capitán Haya- también son los que se encargan de las incapacitaciones de ciudadanos y de nombrarles un tutor que rija sus haciendas bajo supervisión judicial. Son personas que no siempre necesitan estar aisladas de la sociedad, pero sí disponer de un tutor. Incapacitar a una persona sólo puede hacerlo el juez y a través de una sentencia.

El año pasado, los juzgados de tutelas tramitaron 1.005 asuntos relativos a incapacitación de personas (los datos se refieren sólo al partido judicial de Madrid capital). Y entre enero y el 10 de junio se habían registrado 539 peticiones de incapacitación de ciudadanos.

Seis juzgados mercantiles

Por otra parte, dentro de la jurisdicción civil de Madrid, que en la actualidad es

una de las más colapsadas de asuntos, el Ministerio de Justicia tiene previsto, a partir del año que viene y en el marco de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, hoy en fase parlamentaria, crear seis juzgados mercantiles de ámbito provincial.

Estos juzgados serán los que, por ejemplo y entre otros asuntos, tramiten las quitas, suspensiones de pagos y las quiebras de empresas. La suspensión de pagos es un procedimiento que pone la ley al servicio de las empresas que tienen deudas y dificultades para afrontar los pagos. El juez analiza la situación, a través de interventores judiciales, y si ve que la empresa es viable bloquea la posibilidad de que ésta pueda ser embargada por alguno de los acreedores. La quiebra se produce cuando el pasivo de la empresa es superior al activo y no hay signos de viabilidad.

El año pasado se presentaron en los juzgados de la capital 51 expedientes de suspensión de pagos, y en lo que va de año se han interpuesto 34. Son más las empresas que directamente se declaran en quiebra: el año pasado 79, y entre enero y el 10 de junio de este año, 33.

La cifra de quiebras y suspensiones de pagos de empresas es inferior a la de otros años. El motivo es porque muchas empresas prefieren los municipios del extrarradio a Madrid para instalarse.