El futuro alcalde de Cervera no otorgará licencia para la planta de basuras

El futuro alcalde de Cervera, el socialista Antoni Lluch, anunció ayer que, con las actuales condiciones, no otorgará las licencias de obras y actividad para la construcción de la planta de residuos de la zona 1, correspondiente, según los planes de la Consejería de Medio Ambiente, al norte de la provincia de Castellón. El consorcio, compuesto por medio centenar de municipios, adjudicó el miércoles la planta de tratamiento de residuos a la UTE compuesta por Azahar, Teconma y Ecodeco, y fijó como emplazamiento definitivo el municipio de Cervera. Los socialistas, en minoría en el consorcio, criticaron las "prisas" del PP por adjudicar ahora la planta, sin esperar a la constitución de los ayuntamientos. Distinta fue la posición de la Consejería de Medio Ambiente que, basándose en esos motivos, se abstuvo, según han indicado varias fuentes. Sin embargo, los votos de los municipios del PP fueron suficientes para proceder a la adjudicación.

Cervera es uno de los municipios del norte de Castellón que va a cambiar de signo político. A partir de mañana será gobernado por el PSPV, con Antonio Lluch, quien considera "vergonzoso" que los miembros del consorcio no esperasen unos días "después de un retraso de años". "Han tenido de tiempo hasta el 17 de junio para adjudicar la planta y ahora, de prisa y corriendo, la aprueban antes de que se constituyan los ayuntamientos", indicó ayer.

Para el futuro alcalde, el proyecto está destinado a una distancia excesivamente corta de la población. Antoni Lluch se opone, no a la construcción de la planta en Cervera, sino al emplazamiento decidido, ya que las instalaciones se ubicarán a poco más de dos kilómetros del núcleo urbano. Según el futuro alcalde, está ubicación "roza" el máximo legal de 2.000 metros, cuando la localidad tiene quince kilómetros de término municipal.

Impugnación

Asimismo, el socialista teme el impacto ambiental que pueda tener la planta ya que, según dijo, fue la oferta más barata pero "no se ajusta a los criterios exigidos por Medio Ambiente, ya que no realiza compostaje ni selección de residuos", incluso, según indicó el futuro alcalde, "contempla la incineración en una de sus fases, que tendría lugar en la planta cementera de Buñol".

Por su parte, el portavoz provincial del PSPV, Enrique Navarro, anunció que impugnarán la decisión del consorcio por la existencia de "graves defectos de forma y fondo". Navarro considera que los estatutos del consorcio y la legislación en cuanto al régimen local dejan claro que una vez finalizados los mandatos "los miembros de las corporaciones locales sólo pueden continuar sus funciones para la administración ordinaria del mantenimiento y cumplimiento de las obligaciones contraídas".