La Junta pide al Gobierno una reunión urgente para cerrar el litigio de la deuda presupuestaria

El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, remitió ayer una carta al ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, para que de forma "urgente" se convoque la comisión mixta de transferencias y acordar de forma "definitiva" la liquidación de los fondos que correspondían a Andalucía por la financiación autonómica en el quinquenio 1997-2001. Esta iniciativa se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya dado la razón al Gobierno central en lo que se refiere a la liquidación de los presupuestos de 1998. Esta sentencia entra en contradicción con otra que dictó el año pasado la Audiencia Nacional, que apoyó las tesis de la Junta en cuanto a la liquidación de 1997.

La liquidación de los fondos que corresponden a Andalucía por el sistema de financiación vigente entre 1997 y 2001 es ya un viejo litigio entre la Junta y el Gobierno central. La Junta de Andalucía se excluyó de ese sistema por considerarlo lesivo para los intereses de la comunidad, por lo que el Gobierno decidió que la financiación de la comunidad se rigiese por el sistema aplicado entre 1992 y 1996.

El sistema establecía que Andalucía percibiría cada año una entrega a cuenta del 98% de su Participación en los Ingresos del Estado (PIE) y que el restante 2%, la liquidación, se abonaría posteriormente. Desde el primer año del sistema, 1997, el Gobierno central se negó a abonar esta partida (el 2%) y la Junta recurrió una tras otra las resoluciones ministeriales en las que se recogían estas negativas.

La Junta recurrió la primera resolución, la referente a 1997, ante la Audiencia Nacional ya que venía firmada por el entonces secretario de Estado del Ministerio de Economía, Cristóbal Montoro, mientras que las otras cuatro fueron recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al ser rubricadas por un director general, un cargo jerárquico inferior.

Este cambio de instancia judicial ha supuesto también un cambio de las sentencias. Si la Audiencia Nacional anuló la resolución ministerial y dio la razón a la Junta en su exigencia de que debía percibir el 2% de la liquidación (unos 90 millones de euros) del año 1997, el TSJM ha echado un jarro de agua fría sobre estas expectativas y ha avalado la decisión ministerial de no pagar la liquidación referida a 1998.

"Algo de mala fe"

La consejera de Economía, Magdalena Álvarez, apreció ayer "algo de mala fe" del Gobierno en su decisión de cambiar el cargo jerárquico que firmaba las resoluciones y que, en definitiva, ha propiciado el cambio de instancia judicial. "Lo que está claro es que el Gobierno no da puntada sin hilo", dijo.

Tras hacerse pública la sentencia del TSJM, que tiene fecha del 26 de febrero, Zarrías remitió una misiva a Arenas en la que le solicita la reunión de la comisión mixta de transferencias con el fin de aclarar de una vez por todas este asunto. Zarrías expone a Arenas su intención de acordar "la liquidación definitiva de la participación" de Andalucía "en los ingresos del Estado para el ejercicio 1998 y, en su caso, la del resto de los ejercicios del quinquenio 1997-2001.

De esta manera, Junta y Gobierno podrían retomar las conversaciones que se truncaron de forma abrupta y sorpresiva el pasado 30 de diciembre tras cuatro meses de negociación entre ambas administraciones. Ese día, Junta y Gobierno daban por hecho el acuerdo sobre la liquidación y sobre el traspaso de las políticas activas de empleo (que finalmente fueron transferidas en marzo de este año) y tuvieron que suspender la comisión mixta que habían convocado. El motivo de la ruptura de las conversaciones fue precisamente la falta de acuerdo sobre la liquidación de la deuda presupuestaria del Gobierno con Andalucía.

En ese momento, se produjo un intercambio epistolar entre la Junta de Andalucía y el Gobierno, que llegó a reconocer que la deuda por la liquidación con Andalucía ascendía a 720 millones de euros por la totalidad del quinquenio.

Con la sentencia de la Audiencia Nacional en la mano, la Junta propuso al Gobierno un acuerdo para saldar esta deuda en cuatro años, mientras que el Ejecutivo manifestó que su intención era pagar la liquidación a medida que los tribunales fuesen dictando sentencia. Ninguna de las dos partes admitió la propuesta de la otra, lo que finalmente causó la ruptura de unas conversaciones que el Gobierno autonómico quiere retomar ahora.