Delito de lesa democracia

Hay personas indeseables en todos los ámbitos de la vida. En todas las profesiones y organizaciones. También en los partidos, y en las listas electorales que hacen los partidos. En ellos hay, inevitablemente, gente susceptible de ser corrompida, política y económicamente. Por eso no podemos consentir, sin un daño devastador para la moral ciudadana, que la democracia efectiva -el gobierno del pueblo- se haga depender de las conspiraciones de corruptores y corrompidos para traicionar el signo político de los Gobiernos decididos por ese pueblo.

Si en Madrid no gobierna la izquierda se producirá un golpe gravísimo a la capacidad de los ciudadanos de poder elegir qué gobierno desean, y una lesión irreparable a nuestra conducta cívica.

La mayoría progresista puede y debe reivindicar su legitimidad para gobernar Madrid

En la operación perpetrada el día 10 de junio en la Asamblea de Madrid hay sin duda unos beneficiarios individuales, el diputado y diputada que robaron la presidencia y la mayoría de la Mesa de la Asamblea a la izquierda. Y hay un beneficiario político objetivo, el Partido Popular. Ya lo ha sido con la elección de la Mesa. Pero toda esa operación sólo tiene un completo sentido: que el Partido Popular gobierne la Comunidad de Madrid los próximos cuatro años.

La hipótesis de la que cabe partir, por tanto, es que la derecha política y económica, desde la propia noche electoral, no ha querido aceptar el resultado de las urnas, del que se desprendía que no iba a gobernar en la Comunidad. Desde entonces, no ha cesado de maquinar para impedir que se consumase ese resultado.

La Comunidad de Madrid -la primera de España en poder económico- es demasiado importante y poderosa. CajaMadrid, Telemadrid, el urbanismo trepidante, los enormes negocios inmobiliarios, los grandes centros empresariales nacionales y multinacionales ubicados en la capital de España, el horizonte de las olimpiadas, etcétera... Y, además, Madrid como escaparate / trampolín para un posible triunfo progresista en 2004.

Si la democracia lleva al poder a los socialistas, hay que manipular la democracia. Da toda la impresión que esa fue la consigna. Las consecuencias las conocemos hoy.

Sólo hay una forma de que el Partido Popular -que está en el Gobierno del Estado- salga limpio e inocente, a los ojos de la opinión pública, de este delito de lesa democracia. Y esa forma es respetar escrupulosamente lo que los ciudadanos de la Comunidad de Madrid han querido y han expresado, sin lugar a dudas: que PSOE e IU sean la mayoría política.

Si el PP se beneficiara, por acción u omisión, de lo que los corruptos han planeado les daría la razón y, abriría paso a prácticas propias de república bananera. Si cayese en esa tentación sabríamos que la derecha política está detrás de la operación más detestable y tenebrosa conocida en nuestra democracia.

Los posibles errores del PSOE en la elaboración de listas son un problema que se tendrá que abordar, después de pedir disculpas al electorado, como se ha hecho. Sin embargo, la responsabilidad del partido socialista no es la cuestión de fondo aquí. Lo que está en juego en estos momentos es si dos diputados indecentes, susceptibles de ser corrompidos, y unas fuerzas muy poderosas, susceptibles de corromper, pueden cargarse la voluntad de los votantes. Y eso depende sólo del Partido Popular, con su actitud ante la votación de investidura.

La mayoría progresista puede y debe reivindicar su legitimidad para gobernar Madrid, sin necesidad de nuevas elecciones. Quien lo niegue, niega la democracia. Porque a lo que estamos asistiendo -y esa es la verdadera amenaza- es a un ataque brutal a la democracia. Resistirlo debe ser un compromiso de todas las fuerzas políticas.

Si la derecha organizada en el PP colabora con la corrupción para romper la voluntad de los madrileños, éstos estarán legitimados -y lo harán- para culpar a esa derecha política de complicidad, cuando no de autoría directa. En ese caso, el Gobierno de la Comunidad en manos del PP, sin el apoyo social mayoritario, constituirá un atropello insostenible, por estar fundamentado en una ofensa, en un desprecio a la dignidad de los madrileños.

De tal desatino habrá que sacar algunas lecciones. Una de ellas es que la etapa de dominio de la derecha política y social en España ha trasladado tal fuerza a sectores económicos determinados, a poderes privados, que ya se creen en condiciones de sobreponerse a la política, a las instituciones, a los partidos, a la esencia de lo que la democracia es: que si los ciudadanos convergen para hacer una mayoría social, esa mayoría tiene derecho a decir quién les gobernará.

Diego López Garrido es diputado socialista en el Congreso. Ricardo Peralta es abogado.