Una madre pide la devolución de sus hijas, que viven separadas entre un centro y una familia

Carmen Espejo perdió la tutela de sus dos hijas en 2001. La mayor fue entregada en acogimiento preadoptivo por la Consejería de Asuntos Sociales a una familia. La pequeña, aquejada de una discapacidad psíquica, sigue internada en un centro donde la madre puede visitarla dos veces al mes. A pesar de que la mujer recurrió la declaración de desamparo ante la justicia hace dos años, el futuro de ambas niñas sigue en el aire por los retrasos en el procedimiento. Carmen Espejo también ha denunciado a un abogado de oficio que le cobró 962 euros por sus gestiones.

El caso de Carmen Espejo se suma a la lista de intervenciones de la delegación provincial de Asuntos Sociales de Sevilla en los que han retirado menores y que han sido denunciadas por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía por considerarlas injustas. La separación de las dos hermanas, contra lo estipulado en la legislación, mereció ayer duras críticas por parte de la representante de la organización, Asunción García. "Dan a la que está bien en régimen preadoptivo y a la que tiene problemas la dejan en el centro", censuró.

Las niñas, que tienen ahora 8 y 7 años, están separadas desde octubre de 2001, cuando la mayor fue entregada a una familia en régimen de acogimiento preadoptivo. "A la pequeña, por su minusvalía, la dejan en el centro, si no se la hubieran llevado también", criticó Asunción García.

La madre explicó que la benjamina ha sufrido mucho por la marcha de su hermana y pidió a la Administración, en primer lugar, que "junten otra vez a las dos". "Y lo segundo es que me las devuelvan, que no puedo estar un día más sin ellas", agregó, entre lloros.

La delegación provincial de Asuntos Sociales de Sevilla reclamó a las dos niñas en abril de 2001 y, como la madre se negó a entregarlas de forma voluntaria, la policía autonómica se personó en el domicilio de la familia tres meses después para llevarse a las pequeñas.

El proceso administrativo se puso en marcha después de que Carmen Espejo pidiese ayuda a la asistenta social para buscar una guardería cercana a su domicilio donde dejar a las niñas mientras ella buscaba un empleo. Al mes las dos hermanas comenzaron a acudir a una guardería y poco después la mujer recibió la carta en la que le notificaban que se presentase con las niñas en las dependencias de Asuntos Sociales.

Este mecanismo se sigue cuando no hay una situación de riesgo para los menores declarados en desamparo por la Administración. La delegación provincial de Asuntos Sociales rehusó ayer comentar el caso porque todavía está pendiente de resolución judicial. Según Asunción García, la retirada de los menores se justificó con los argumentos de que la familia no garantizaba las necesidades básicas de las niñas y que "las limitaciones intelectuales de los progenitores" no favorecían el cuidado. Carmen Espejo está separada y, desde hace año y medio, trabaja en la empresa de limpieza del Ayuntamiento de Sevilla, donde también está empleado su padre.

Abogado denunciado

Tras la retirada de las niñas, la mujer recurrió a los servicios de un abogado de oficio, que le reclamó dinero por los diferentes trámites que hacía. En total, Espejo le entregó 962 euros. El caso está denunciado en la vía penal. La lentitud del procedimiento ha provocado que, casi dos años después, el juez todavía no determinado qué parte, si la Administración o la madre, tiene razón. Prueba de la demora es el retraso en la entrega de un informe psicosocial elaborado por un centro de valoración dependiente de Asuntos Sociales, que el juzgado reclamó el 22 de abril de 2002 y que se entregó el pasado 3 de junio.

El abogado José Antonio Bosch, especializado en casos de menores, señaló ayer que el procedimiento judicial es "perverso" desde el momento en que la Administración autonómica es "juez y parte". La situación, agregó, se torna "diabólica" a partir de la retirada del menor. Bosch calcula que un expediente sobre desamparo de un menor, que tarda tres o cuatro años en resolverse, "no tiene más de 100 horas reales de trabajo". Sobre la situación de Carmen Espejo, el abogado indicó que no se puede acordar algo "tan dispar" sobre dos menores del mismo entorno y describió a la madre como "una víctima de una delegación absolutamente insensible".