Puñalada de pícaros

Hicieron bien Zapatero y Simancas al pedir excusas a los ciudadanos por lo ocurrido ayer en la Asamblea de Madrid. Dos diputados electos por las listas socialistas impidieron que fuera elegido presidente de esa Cámara el candidato avalado por la mayoría que en teoría formaban PSOE e IU. Tanto el secretario general del PSOE como el de la Federación Socialista Madrileña excluyeron cualquier motivación política en el comportamiento de esos dos diputados, insinuando que las razones habría que buscarlas en algún interés personal poco confesable. Pero si es así, alguna responsabilidad tendrá el partido que se dejó engañar y los incluyó en sus listas.

Los pretextos invocados en declaraciones a diversos medios por uno de los protagonistas de la jugada, Eduardo Tamayo, son insustanciales y desvergonzados. Alega que él y María Teresa Sáez están en desacuerdo con que el PSOE haya pactado con IU para formar Gobierno en la Comunidad de Madrid, e informan a la opinión pública de que habrían preferido que su partido gobernase en minoría con su propio programa. Aparte de que eso es imposible, porque sin el respaldo de IU gobernaría el PP, la forma de expresar su desacuerdo sería renunciar al escaño, no ausentarse de la votación para que ganase la candidata del PP. Desde luego, su expulsión está justificada. Lo estaría incluso si hubieran defendido su punto de vista en los órganos internos del partido, como sostuvo el propio Tamayo y negaron Simancas y Zapatero.

Ambos pidieron públicamente a los dos diputados que renunciaran al escaño para evitar un daño mayor, ya que, expulsados o no, el escaño es personal, según doctrina establecida por el Tribunal Constitucional, y nadie puede obligarles a renunciar al mismo. Si mantienen su actitud, Simancas no saldrá elegido presidente de la Comunidad. A no ser que el PP renuncie a aprovechar la oportunidad. Es improbable, porque sus portavoces han venido argumentando que su partido había sido el más votado; pero su candidata, Esperanza Aguirre, reconoció en un momento dado que la alianza PSOE-IU tenía mayoría.

La actitud de estos dos diputados daña, sin lugar a dudas, a los dos partidos que se disponían a gobernar conjuntamente la Comunidad, aunque el mayor perjuicio se lo ocasionan al PSOE y a su equipo dirigente. Pero también daña a la dignidad y al crédito de la política y sitúa al PP ante sus responsabilidades, y más teniendo en cuenta el espíritu, si no la letra, del compromiso contra el transfuguismo suscrito en 1998 por los principales partidos democráticos. Aquel acuerdo se refería exclusivamente a los ayuntamientos, pero incluía el compromiso de "impedir la utilización de tránsfugas para constituir, mantener o cambiar las mayorías de gobierno en las instituciones". Los dos diputados que ayer se ausentaron de la votación no son técnicamente tránsfugas, porque no se pasaron a otro grupo o votaron a otro candidato. Pero el efecto de su actitud es muy similar.

Zapatero pareció descartar, o no querer especular, con la posibilidad de que el PP estuviera detrás de lo ocurrido. Aunque parece poco verosímil, tal vez no haya que excluir la de particulares interesados en evitar que gobierne la izquierda. Los antecedentes invitan a no perder de vista que en la negociación sobre carteras se daba por probable que Urbanismo y Vivienda fuera para IU. La experiencia indica una relación frecuente entre transfuguismo y corrupción. La propia Asamblea de Madrid cuenta con antecedentes penosos en ese terreno.

Los dos protagonistas de la jornada pertenecían a una corriente de la Federación Socialista Madrileña especializada en negociar compensaciones a sus variables apoyos a unos u otros en las batallas internas. Aunque lo mismo ocurre en otros partidos, es un dato que afecta a la credibilidad de Simancas, a quien se había concedido el mérito de haber pacificado a la federación. Y también es un duro golpe para Zapatero, que pondrá a prueba su capacidad para gestionar la crisis más grave desde que accedió a la secretaría general del PSOE.