El Supremo responderá el jueves a la negativa de Atutxa a disolver Batasuna

La Sala Especial del Tribunal Supremo se reunirá el próximo jueves para dar respuesta a la comunicación que ayer le remitió el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, del PNV, en la que expone la "imposibilidad" de disolver Sozialista Abertzaleak, el grupo sucesor de Batasuna. El alto tribunal pondrá, previsiblemente, los hechos en conocimiento del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, cuyos técnicos trabajan ya en los pasos preliminares de una querella contra Atutxa y quienes resulten responsables del incumplimiento del mandato del Supremo.

Los magistrados estudian dar por disuelto el grupo a efectos jurídicos

Fuentes del Supremo indicaron que el Parlamento vasco recibió a las nueve de la mañana de ayer la notificación oficial de la resolución del Tribunal que le concede un plazo de cinco días para disolver el grupo Sozialista Abertzaleak, sucesor de Batasuna. No obstante, dicho plazo quedará sin efecto ante la contestación de Atutxa con la negativa de la Cámara de Vitoria a cumplir el mandato judicial.

El presidente en funciones del Tribunal Supremo, Ignacio Sierra, convocó la reunión en ausencia del presidente Francisco Hernando, de viaje hasta el miércoles por Italia. La Sala estudiará la respuesta del Parlamento vasco, y previsiblemente dará traslado de la misma al ministerio fiscal "por si los hechos fueran constitutivos de delito".

La Fiscalía General trabaja ya en los preliminares de una querella por delito de desobediencia o denegación de auxilio, que sería presentada ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La postura mayoritaria estima que el delito que cabe atribuir a Atutxa y otros miembros de la Cámara es el delito de desobediencia, que cometen "las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales" y que se sanciona con pena de multa de tres a 12 meses, e inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

Además, los magistrados posiblemente tendrán por ejecutada su resolución en el sentido de considerar disuelto, a efectos jurídicos, el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, lo que daría pie a los demás grupos, singularmente a los constitucionalistas, a impugnar en vía contencioso administrativa aquellas actividades en las que intervenga el grupo parlamentario de SA, al considerar viciadas de nulidad radical sus iniciativas y enmiendas.

Las fuentes consultadas en el Supremo admitieron ayer que las leyes del Parlamento vasco en las que intervenga SA pueden ser declaradas nulas por los tribunales, aunque dada la irregular asistencia de los antiguos parlamentarios de Batasuna posiblemente no sean muchas las leyes vascas susceptibles de nulidad, según las mismas fuentes.

Escrito de Atutxa

El presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, remitió en la tarde de ayer al presidente del Tribunal Supremo, Francisco Hernando, un escrito en el que le comunica que no puede ejecutar el auto de disolución del grupo Sozialista Abertzaleak debido al rechazo por parte de la Junta de Portavoces de su propuesta de resolución para abrir una vía reglamentaria que lo permita.

Atutxa hace un relato detallado de las decisiones adoptadas en la Mesa y Junta de Portavoces desde la recepción del auto, pasando por la solicitud de un informe a los servicios jurídicos de la Cámara y explicando finalmente la propuesta de resolución aprobada en la Mesa y tumbada posteriormente por los mismos grupos proponentes en la Junta de Portavoces.

Atutxa remitió el escrito tras conocer oficialmente que dispone de cinco días para disolver el grupo de Batasuna, aunque el texto fue remitido por fax desde el alto tribunal al Parlamento de Vitoria, el pasado miércoles, día 4, a la atención de Atutxa y de los miembros de la Mesa.

La situación creada en el Parlamento vasco tras la jugada reglamentaria del PNV y EA se basa en el artículo 24 del Reglamento de la Cámara,que en su punto dos explica que corresponde al presidente cumplir y hacer cumplir el reglamento, interpretándolo en caso de duda. Además, explica que cuando el presidente de la Cámara decidiera "dictar una resolución de carácter general deberá mediar el parecer favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces".

Sin embargo, para el consejero vasco de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, perteneciente a Eusko Alkartasuna, el problema no está en el tejado del Parlamento vasco sino en el del Tribunal Supremo. "Se ha metido en un lío importante al trasladar al Parlamento una sentencia que difícilmente se puede cumplir si no se cambia el reglamento de la Cámara".

Para Azkarraga, la reunión anunciada por el Supremo para el jueves ha de servir para que encuentre una fórmula de rectificación. En su opinión, hay que preservar la calma y la tranquilidad porque "mantener una opinión contraria" a la del Supremo "no es nada escandaloso ni es nada grave".

Por el contrario, fuentes del Tribunal Supremo consideran que la postura de Atutxa y de los partidos nacionalistas constituye un "fraude de ley".