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La fiscalía avala al director de la cárcel de Tarragona por repartir jeringas a presos

La fiscalía de Tarragona ha archivado la denuncia presentada por los sindicatos contra el director de la cárcel de esa ciudad, Santiago Martínez Cadarso, y en un decreto dictado ayer avala su decisión de poner en marcha un programa de intercambio de jeringas entre drogodependientes para evitar la transmisión del sida. El director de la cárcel actuó "lisa y llanamente dentro del estricto marco del funcionamiento de la Administración penitenciaria", asegura el fiscal jefe de Tarragona, José María Parra.

En este sentido, el decreto destaca que el fiscal realizó un "esfuerzo" para combinar la protección "de los intereses en juego, tanto de los internos como de los funcionarios de prisiones". En otro apartado del decreto se asegura: "Tan fundamental ha sido la consideración humanitaria del programa implantado, que ha llevado a reuniones con los representantes sindicales buscando acuerdos aceptables para las partes afectadas por encima de disposiciones ordenancistas".

Martínez Cadarso dictó una orden el pasado 20 de mayo regulando el programa de intercambio de jeringas después de que los Servicios Penitenciarios de la Generalitat autorizasen la experiencia, pionera en Cataluña. La respuesta de los sindicatos ante ese programa piloto fue denunciar al director de la cárcel ante la fiscalía al considerar que había cometido un delito de prevaricación, un delito contra los trabajadores y otro de favorecimiento del consumo ilegal de drogas. La respuesta de la Generalitat al conocer la denuncia fue paralizar la iniciativa, aunque insistió en que las jeringas se seguirían facilitando a los presos a través del médico de la prisión.

Ahora la fiscalía ha sido contundente al afirmar que la actuación del director no merece ningún reproche porque ese plan piloto no es más que la aplicación de una proposición no de ley que aprobó por unanimidad el Parlament en febrero de 2003. Diez años antes, recuerda la fiscalía, la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Europa ya recomendaron la posibilidad de repartir jeringas para evitar la transmisión del virus del sida, y en 1997 el Defensor del Pueblo también instó a la Administración penitenciaria a implantar estos programas.

No hubo delito

El decreto de archivo recuerda, para más contundencia, que el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, realizó una consulta al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, el pasado mes de febrero sobre las "dudas" que había originado el reparto de jeringas. La respuesta fue que esa actuación no tenía ninguna trascendencia penal. La máxima autoridad de la fiscalía sostiene que el reparto de jeringas a potenciales presos drogadictos "son conductas que entran dentro del programa doctrinal de acciones socialmente adecuadas (...) para preservar la vida y la salud de los enfermos, extramuros y al margen del fin de protección de la salud de los enfermos".

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En definitiva, concluye el decreto de archivo de la fiscalía, la actuación del director de la cárcel se sitúa "justo en los antípodas" de lo que le atribuyen los sindicatos porque "no se apartó de los principios con que debe servir su función, eficacia, jerarquía y coordinación que son propios de la Administración penitenciaria a la que sirve y que garantizan la imparcialidad en el desempeño del cargo".

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