Resarcidos con 42 millones los dueños de un terreno a los que se prohibió edificar

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a la Comunidad y a los ayuntamientos de Colmenar Viejo y Tres Cantos a pagar, entre los tres, una indemnización de 42,4 millones de euros a los dueños de unos terrenos por unos hechos que se remontan a 1987. Los jueces han fijado, tras 16 años de pleitos, el dinero con el que la Administración pública compensará a los denunciantes por prohibirles en su día levantar chalés en un suelo cercano al Soto de Viñuelas. Los alcaldes en funciones de ambos municipios afirman que no pueden afrontar ese pago.

La resolución del tribunal, de la que daba cuenta ayer el diario El Mundo, suma un nuevo capítulo, aún no definitivo -el auto no es firme-, al proceso iniciado en 1987 con la aprobación, por parte de la Comunidad (gobernada entonces por el PSOE), del Plan General de Ordenación Urbana de Colmenar.

Aquel plan recogía la decisión del Ayuntamiento colme-nareño -también con alcalde socialista- de calificar como no urbanizable un terreno de 200 hectáreas conocido como El Tagarral, junto al monte protegido del Soto de Viñuelas, en lo que ahora es término municipal de Tres Cantos (entonces aún unido a Colmenar).

Los dueños del suelo denunciaron al Ayuntamiento y a la Comunidad porque consideraban injusto que se les prohibiese levantar chalés en terreno de su propiedad, y alegaron que en la normativa urbanística anterior (de época franquista) ese suelo sí aparecía como urbanizable. Sostenían, por ello, que, si no se les permitía construir, al menos se les debía indemnizar. Un juez les dio la razón en julio de 1992, y la sentencia fue confirmada casi siete años más tarde por el Tribunal Supremo.

Lo que ha hecho ahora el Tribunal Superior es cuantificar la indemnización que deben pagar a los litigantes las administraciones públicas a las que denunciaron: la Comunidad, el Ayuntamiento colmenareño y el de Tres Cantos, que se independizó de Colmenar en 1991 y en cuyo término municipal está la finca en cuestión. Los propietarios pedían en origen 108 millones de euros; los jueces les han concedido menos de la mitad: 42,4 millones.

Repartida esa cantidad a partes iguales -el auto dice que las tres administraciones deben pagar "solidariamente"- , resulta que, por ejemplo, Tres Cantos tendría que hipotecar la cuarta parte de su presupuesto anual para hacer frente al pago. "Imposible", admiten fuentes del Consistorio tricantino. El alcalde en funciones de Colmenar Viejo, José María de Federico (PP), es más claro: "No pagaremos ni un duro. En todo caso, habrá que llegar a un acuerdo de otro tipo con los dueños del suelo", dijo ayer en declaraciones a la cadena SER.

Cambio de Gobierno

El auto, dictado el pasado 11 de marzo y ratificado el 23 de mayo, llega en un momento de cambio de Gobierno en la Comunidad. Los responsables del Ejecutivo saliente, del PP, y del entrante, del PSOE, se echan la pelota unos a otros: los primeros, aún en funciones, señalan que ya pocas decisiones pueden tomar, aunque han "iniciado los trámites para presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo", según fuentes de la Comunidad. Los segundos piden tiempo para tomar tierra antes de decidir cómo afrontar un pago de esas dimensiones. Modesto Nolla, responsable de Ordenación Territorial del PSOE madrileño y diputado electo, quiso enfatizar ayer que, al margen de la obligación de indemnizar a los afectados, "la decisión que tomó el Gobierno socialista en 1987 fue acertada: salvó del cemento y el ladrillo un paraje de alto valor medioambiental".

Por su parte, Colmenar y Tres Cantos (que también ha presentado recurso) piden una solución alternativa para cumplir con el auto judicial. "Lo mejor sería poder llegar a un acuerdo entre todos para pagar esa suma a los propietarios, pero no en dinero, sino en terrenos", afirmó un portavoz de la alcaldesa tricantina, María de la Poza (Tres Cantos Unido). "Desde luego que acataremos el auto, pero no podemos pagar ni un duro", insistió el regidor colmenareño, sugiriendo idéntica solución.