El Ararteko critica la escasa ayuda oficial para que los discapacitados trabajen

La ararteko en funciones, Mertxe Agúndez, presentó ayer en el Parlamento vasco un informe sobre la integración laboral de las personas con discapacidad en el que critica con firmeza el incumplimiento de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI). Ello motiva, en muchas ocasiones, que los discapacitados se encuentren desamparados por parte de las instituciones. El caso más llamativo es la ausencia de controles sobre las empresas que tienen la obligación legal de contar con un cupo de reserva para personas con alguna minusvalía dentro de sus plantillas -el 2% para las que tienen más de 50 trabajadores-. La mayoría de las compañías incumple esta disposición sin que nadie les sancione por ello.

Agúndez entregó al presidente de la Cámara de Vitoria, Juan María Atutxa, un exhaustivo trabajo que analiza desde la calidad del empleo hasta las características de las personas contratadas. Durante varios meses, representantes del Ararteko se han entrevistado con asociaciones de afectados, instituciones, empresas y sindicatos, entre otros agentes sociales. El estudio constata los insuficientes medios ofertados en el País Vasco para atender a este numeroso colectivo.

Cerca de 144.000 vascos (un 7,4% de la población) padecen algún tipo de minusvalía lo que les lleva a vivir en peores condiciones que el conjunto de la población. De ellos, unos 60.000 están en edad laboral (entre 16 y 64 años), pero un 70% son inactivos, es decir, ni tienen un empleo ni lo buscan de manera activa. Sólo 7.000 cuentan con un trabajo normalizado en empresas ordinarias, mientras que otros 12.000 desempeñan labores en un centro ocupacional, a menudo de titularidad pública.

En su informe, el Ararteko llama precisamente la atención sobre la baja tasa de actividad, que es de un 30,9% frente al 53,3% de la población en general. Agúndez achacó esta circunstancia, sobre todo, a la escasa conciencia social y la falta de preparación del mundo laboral y empresarial para integrar a los discapacitados. Que la mayor parte del empleo sea protegido, de baja cualificación o mal retribuido es otro de los motivos de preocupación expresados en el informe, al igual que la permisividad de los servicios de la Inspección de Trabajo, al no castigar a las empresas que no respetan los cupos legales de reserva para los discapacitados.

Según datos del año 2000, las 1.680 empresas vascas que cuentan con más de 50 empleados hubieran tenido que reservar para discapacitados 5.249 plazas, aplicando el cupo obligatorio del 2%. Los datos muestran otra realidad: sólo 2.354 personas estaban afiliadas ese año a la Seguridad Social con un contrato por minusvalía. Las administraciones no salen mejor paradas. Están obligadas a reservar el 3% de sus plazas, pero algunos puestos quedan sin cubrir porque las pruebas para acceder a ellos no se ajustan a los discapacitados que se presentan, lamenta Agúndez.

Los autores del informe se han encontrado con una realidad diferente en cada territorio en cuanto a la red de centros especiales de empleo y ocupacionales. Guipúzcoa disponía en el año 2000 de 3.257 plazas, con lo que cubría el 18,5% de las personas con discapacidad de su provincia. La cobertura en Álava era parecida (17%), mientras que en Vizcaya se reducía a un 6,3%.

Aunque la mayoría de los discapacitados recibe una pensión debido a su situación, en el caso de unas 16.000 personas esta ayuda es inferior al salario mínimo interprofesional, con lo que la dependencia económica de su entorno es evidente.