EE UU violó los derechos de cientos de inmigrantes detenidos tras el 11-S

El Departamento de Justicia de EE UU violó los derechos civiles de cientos de personas, sometió a los detenidos a abusos físicos y verbales y actuó de forma arbitraria en la gran redada contra inmigrantes tras los atentados del 11-S. Un informe del Inspector General de Justicia admite oficialmente que el Gobierno actuó con brutalidad, pero evita pronunciarse sobre si la policía cometió delitos al quedar fuera del ámbito de su investigación.

El Departamento de Justicia, sin embargo, considera que todos los excesos eran legales y estaban justificados por la necesidad de "proteger al pueblo americano frente a nuevos ataques terroristas".

El informe publicado el lunes por la tarde por la oficina que controla a las autoridades judiciales ha sido aplaudido por las organizaciones humanitarias, algunas de las cuales, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU en sus siglas inglesas), reclaman ahora una investigación parlamentaria que determine las responsabilidades políticas del fiscal general John Ashcroft, el miembro más ultraderechista del Gobierno de George W. Bush. "Los inmigrantes no eran el enemigo, pero la guerra contra el terrorismo se convirtió rápidamente en una guerra contra el inmigrante", afirma Anthony Romero, director de la ACLU.

En total, 762 extranjeros de 20 países, de Oriente Próximo y el sureste asiático en su inmensa mayoría, fueron detenidos y encarcelados tras el 11-S, bajo sospecha de pertenecer a organizaciones terroristas o cooperar con ellas. Algunos trabajaban sin permiso, otros tenían caducado el visado, pero ni uno solo de ellos fue hallado culpable de nada relacionado con terrorismo. Sólo una persona, el franco-marroquí Zacarias Moussaoui, está actualmente encarcelado y acusado de pertenecer a Al Qaeda. Moussaoui fue detenido un mes antes de que ocurrieran los atentados.

Las críticas más duras del informe se dirigen al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn (Nueva York), que acogió a 84 detenidos. La Inspección General indica que las detenciones se prolongaron, como media, 80 días, en lugar de las 72 horas establecidas por la ley para casos tan rutinarios como un visado irregular; los detenidos no pudieron llamar a sus familias o contactar con abogados; fueron esposados y encadenados por los pies y la cintura cada vez que hubo que trasladarles; pasaron en su celda un mínimo de 23 horas diarias y, en varios casos, permanecieron en celdas iluminadas durante las 24 horas. La inspección considera "verosímiles" las numerosas quejas sobre malos tratos e insultos en la cárcel de Brooklyn, considera que hubo "abusos verbales y físicos sistemáticos" y que el trato fue "innecesariamente duro", aunque admite que no puede recomendar el procesamiento de los funcionarios presuntamente culpables porque todas las posibles pruebas, como las filmaciones de interrogatorios, han sido destruidas.

El Departamento de Justicia, sin embargo, afirma que el informe ratifica "lo que los tribunales han sentenciado una y otra vez: que nuestras acciones se ajustaron a la ley y fueron necesarias para proteger al pueblo americano", en palabras de su portavoz, Barbara Comstock. "No pediremos perdón a nadie por utilizar todos los recursos legales para proteger al público americano frente a nuevos ataques terroristas", añadió la portavoz. El vicefiscal general, Larry Thompson, emitió por su parte un comunicado en el que calificaba de "imprescindible" la redada e insistía en que, por razones de seguridad nacional, todos los detenidos debían permanecer en la cárcel e incomunicados hasta que se comprobara su inocencia. "Es injusto criticar la conducta del personal [del departamento] en esos momentos", afirmó Thompson.