El jefe del Ejército del Aire prohíbe a todos sus miembros opinar sobre el accidente del Yak-42

"Asunto: declaraciones accidente Yakolev. Quedan prohibidas las declaraciones, por personal de este ejército no expresamente autorizado, sobre el tema del asunto, incluyendo las opiniones, comentarios y observaciones en torno a dicho accidente". Así de escueto y contundente es el texto de la orden que el jefe del Ejército del Aire, Eduardo González-Gallarza, remitió a todos sus subordinados el pasado viernes, cuatro días después del accidente del Yak-42 en el que murieron 62 militares españoles. La orden supone una limitación del derecho a la libertad de expresión no prevista por las leyes.

Durante la pasada semana, numerosos familiares de los fallecidos en la catástrofe aérea de Turquía acudieron a los medios de comunicación para expresar su malestar. También algunos militares criticaron desde el anonimato el sistema empleado para trasladar a las tropas destinadas en misiones de ayuda humanitaria.

El pasado día 30, el jefe de la base de Torrejón de Ardoz (Madrid), general Andrés Navas, dijo que "sería deseable" que las Fuerzas Armadas españolas cumplieran su cometido "sin necesidad de recurrir a ese tipo de contratación", en referencia al alquiler de aviones ex soviéticos.

Ese mismo día, el Gabinete del Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire remitió un télex urgente a todas las unidades en el que prohíbe realizar declaraciones, "incluyendo las opiniones, comentarios y observaciones en torno a dicho accidente". Entre los fallecidos había 21 miembros de la Fuerza Aérea.

La orden del general González-Gallarza supone una limitación de un derecho fundamental no prevista por ley. Los militares tienen plena libertad de expresión siempre que no incurran en alguna de las faltas previstas en el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. Sólo a posteriori pueden ser sancionados, si se determina que en sus declaraciones han cometido alguna falta tipificada en la ley, que tiene rango de orgánica, precisamente por limitar derechos fundamentales.

En concreto, la ley disciplinaria considera falta leve "hacer reclamaciones o peticiones en forma o términos irrespetuosos o prescindiendo de las cauces reglados", así como "expresar públicamente opiniones que supongan infracción del deber de neutralidad en relación con las diversas opciones políticas o sindicales o que afecten al debido respeto a decisiones de tribunales de justicia". Además, constituye falta grave "incumplir las normas de obligada reserva sobre asuntos del servicio"; "divulgar información que pueda afectar a la debida protección de la seguridad o de la Defensa Nacional o publicar datos que sólo puedan ser conocidos en razón del destino o cargo en las Fuerzas Armadas"; y "hacer reclamaciones, peticiones o manifestaciones contrarias a la disciplina o basadas en aseveraciones falsas; realizarlas a través de los medios de comunicación social o formularlas con carácter colectivo".

La orden supone que cualquier militar del Ejército del Aire que opine o comente el accidente del Yak-42, aunque sus declaraciones no vulneren la ley disciplinaria puede ser acusado de un delito de desobediencia, castigado con hasta dos años de cárcel.