Archivada una querella de Cajasur contra un grupo de manifestantes por calumnias

El Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba ha absuelto a 16 personas contra las que se querelló Cajasur por un supuesto delito de calumnias al presidente de la caja de ahorros, el sacerdote Miguel Castillejo. Los implicados, trabajadores de la empresa promotora Benítez-Imbroda (Alhaurín el Grande, Málaga), se manifestaron a comienzos de febrero de 2001 ante la sede de la entidad en Córdoba con diferentes pancartas: "Curas con cajas, ruinas para casas", "No a la estafa de Cajasur", "No te olvidamos ¡Cajasur! ¡Castillejo!, estafados de Arroyo de la Miel". La caja no ha recurrido la sentencia.

Benítez-Imbroda está actualmente en suspensión de pagos después de una promoción inmobiliaria en la que la sucursal de Cajasur de Arroyo de la Miel (Benalmádena, Málaga) concedió un préstamo para la construcción de un conjunto de viviendas. El dinero, finalmente, no llegó a ser utilizado.

El magistrado considera que no hay delito de calumnias ya que las pancartas están referidas a Castillejo, quien no interpuso la querella como particular. La acusación contra las 16 personas fue realizada por los servicios jurídicos de Cajasur, que es persona jurídica. Además, Castillejo ni siquiera acudió al juicio.

La sentencia también estima que las pancartas mostraron "expresiones genéricas, imprecisas ambiguas y huérfanas de cualquier detalle" constitutivas de delito. Además, se trataría de un delito de calumnias con publicidad. El magistrado considera que no se da tal caso, por lo que los viandantes que leyeron el contenido de las pancartas eran ajenos a los hechos que había tras dichas expresiones.

El magistrado también cree difícilmente estimable el ánimo de injuriar de este grupo de personas, que ponían de manifiesto "la grave situación económica que atravesaban".

Acuerdo

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, afirmó que pactó con el presidente de Cajasur dejar el contencioso abierto en relación con la entidad cordobesa a la espera de que el Tribunal Constitucional (TC) resolviera el recurso presentado por el Gobierno central contra la Ley andaluza de Cajas de Ahorros de 1999, en un acuerdo alcanzado con anterioridad a que el Ejecutivo de Aznar plantease la aprobación de la Ley Financiera para que Cajasur quedase bajo la tutela del Ministerio de Economía. Roto ese pacto, "actualmente no existen conversaciones" con Cajasur, reconoció Chaves, quien expuso que la única solución es que las competencias sobre la entidad vuelvan a la Junta.

El jefe de la Asesoría Jurídica de Cajasur, Diego Jordano, afirmó que el pacto no se formalizó "al no encontrar la Junta encaje legal al acuerdo".

Por otra parte, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Córdoba ha sobreseído el caso abierto por la impugnación de la Junta contra el acuerdo, de 28 de diciembre de 2002, por el que la asamblea general de Cajasur aprobó los nuevos estatutos adaptados a la Ley Financiera.