Francia sufre una cadena de protestas del profesorado contra las reformas del Gobierno
Esta semana es decisiva para conocer el futuro con los polémicos proyectos
En mayo de 2002 era nombrado ministro de Educación Luc Ferry, filósofo y consejero de tres ministros del ramo, el centrista François Bayrou, el jospiniano Claude Allègre y el incombustible Jack Lang. Por una vez, parecía la persona adecuada para el cargo, máxime desde una óptica conservadora, no en vano Ferry había teorizado los daños que Mayo del 68 había causado en la ideología republicana de la Educación Nacional, reemplazando las nociones de autoridad, trabajo, disciplina y mérito por las de libertad, individualismo, creatividad y actitud lúdica. Un año después, Ferry está quemado y las huelgas de profesores se suceden, poniendo en peligro incluso la celebración de los exámenes de selectividad que deben empezar a efectuarse a partir del 12 de junio. ¿Qué ha sucedido para llegar a este extremo?
Los institutos tienen la responsabilidad de salvar valores que son atacados por todos lados
Las huelgas están poniendo en peligro la celebración de los exámenes de selectividad
De entrada, Ferry asumió un ministerio con menos dinero que su predecesor, aceptó que el primer ministro, Jean Pierre Raffarin, le dictase la supresión de 25.000 puestos de trabajo. Se trataba de empleos para jóvenes que ayudaban en los institutos a todo tipo de tareas no específicamente docentes. Tras varias jornadas de protesta, la mitad de esos empleos ha sido salvada. Ferry también sugirió la conveniencia de acabar con el llamado "colegio único", con la obligación de escolarizar a todo el mundo, incluidos los alumnos que no lo desean o que no tienen aptitudes para ello. Parte de los sindicatos puso el grito en el cielo a pesar de que más de la mitad de los docentes admite que el "colegio único", inspirado por un voluntarismo bien intencionado, es una creación ideológica.
Pero la situación del ministro no empezó a hacerse muy delicada hasta que el propio Raffarin, el pasado 28 de febrero, no anunció su voluntad de traspasar a las regiones 110.000 empleos de la Educación Nacional. Para Raffarin, la medida se inscribe en su proyecto de descentralización, pero coincidió en el tiempo con otra declaración, ésta del ministro de Economía y Finanzas, Francis Mer, anticipando que sólo iba a cubrirse la plaza de uno de cada dos funcionarios que se jubilasen. Los sindicatos se temieron lo peor: "Quieren desmantelar el sistema educativo". "Es la puerta abierta a la privatización". "Consagrarán las diferencias entre las regiones pobres y las regiones ricas". "Pretenden privarnos de nuestro estatuto de funcionarios del Estado".
Puede que haya fundamento para alguna de las sospechas, pero en su día se alegaron los mismos argumentos para frenar el traspaso de la gestión de las escuelas a los ayuntamientos, y hoy todo el mundo admite que fue un acierto, que los poderes locales son más eficaces que el lejano Estado. ¿Por qué razón lo que fue bueno para las escuelas no lo sería para los institutos?
Lo cierto es que el cuerpo profesoral -y los padres de alumnos, los propios alumnos y todo el que tiene que ver con la enseñanza media- es hoy en Francia, tal y como lo ha constatado Jacques Julliard en el periódico Le Nouvel
Observateur, "un cuerpo psicótico", que ve fantasmas por todas partes, que se siente agredido y mal amado. ¿Por qué? Sencillamente, porque sobre los institutos recae la responsabilidad de salvar los llamados "valores republicanos", del laicismo a la meritocracia, y hoy esos valores son atacados por todos los lados, ya sea a través del pañuelo en la cabeza de las islamistas, ya sea dejando que se degraden los centros de barrios convertidos en guetos y que ponen en evidencia el angelismo idiota de los voceros del "multiculturalismo".
El colegio y el instituto de secundaria han dejado de funcionar como garantía de ser un ascensor social, y eso en un contexto en el que los partidos ya no ofrecen esperanza, en el que las parroquias han dejado de ocupar las tardes de los niños, en el que los sindicatos ya no encuadran e integran a los emigrantes, y, sobre todo, en el que la familia ya no es el refugio ante todas las amenazas. Al profesor le piden que siga siendo el "soldado civil" de la República en un contexto que no tiene nada que ver con el del momento de la creación de la escuela pública, gratuita, obligatoria y laica.
Las condiciones del sacerdocio educativo han cambiado. El mundo es menos amable; los alumnos, menos receptivos y sumisos; las diferencias culturales entre ellos, mucho mayores, y el poder de coerción del profesor, mucho menor. Eso sí, si los ministros y los planes se suceden sin arreglar nada, el sindicalismo enseñante tampoco parece preocuparse por otra cosa que por defender los privilegios adquiridos, y su lucha contra la descentralización suena a negativa a aceptar un mínimo de movilidad laboral que adapte la presencia de profesores a las migraciones internas francesas.
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