La nueva Ley Tributaria fija en el 3% de las ventas la multa a empresas por obstrucción

Hacienda ha rebajado su propósito de penalizar a las empresas que no colaboren con la inspección en la nueva Ley Tributaria. El texto de este proyecto, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, reduce hasta un máximo del 3% de la facturación de la empresa la sanción, que en los borradores previos se situaba en el 5%. Tras las recomendaciones del Consejo de Estado, el Gobierno ha decidido eliminar la sanción prevista para el denominado abuso de ley o conflicto, un concepto aplicable a situaciones que bordean la legalidad y que sustituyen al conocido como fraude de ley.

La redacción definitiva de la Ley General Tributaria, que entrará en vigor en enero de 2004, es menos ambiciosa en las multas a las empresas de lo que se pretendía inicialmente. El texto, cuya principal novedad es que rebaja las sanciones a los contribuyentes que cooperan con Hacienda, se enviará el lunes al Congreso de los Diputados, donde comenzará su tramitación parlamentaria.

Hacienda proyectaba establecer una multa del 3% de la facturación de la empresa, con un mínimo de 10.000 euros, cuando, al tercer requerimiento de la inspección, no se hubiese facilitado información propia de la empresa. Ese porcentaje se elevaba hasta el 5% de las ventas, con un mínimo de 15.000 euros, si la entidad no informaba sobre terceros (ejemplo, un banco que no rindiese cuentas sobre alguno de sus clientes). Estas cantidades quedan ahora rebajadas al 2% y al 3%, respectivamente.

Más proporcionalidad

El Gobierno asegura que con esta rebaja se introduce "mayor proporcionalidad" en la sanción, de acuerdo con las recomendaciones efectuadas por el Consejo de Estado, órgano consultivo del Ejecutivo. El Consejo consideraba en su informe "claramente desproporcionaba y excesiva" la sanción fijada para estos casos.

En la actual ley tributaria, que data de 1963, no existe esa multa sobre la facturación de la empresa en los casos de obstrucción a la labor inspectora. Simplemente se aplica un agravante de la sanción ordinaria en el caso de que estuviera abierta la inspección y una multa fija por falta de colaboración.

Otra de las modificaciones al texto original -impulsada, según Hacienda, por el Consejo de Estado- es la desaparición de sanciones a lo que se denominaba abuso de ley, figura que sustituía a la actual del fraude de ley. Este concepto, previsto para los casos en que el contribuyente bordea la legalidad para eludir impuestos, pasa ahora a denominarse conflicto y queda sin sanción. La nueva definición de conflicto recoge los casos en que se elude el tributo con actos inadecuados para generar un ahorro fiscal. El término conflicto resulta "más neutro" que abuso, según señaló ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

El resto de los principios de la Ley Tributaria ha quedado prácticamente como estaba antes de que la revisase el Consejo de Estado. El texto establece una rebaja del 50% de las sanciones cuando el contribuyente y Hacienda firmen un acta con acuerdo, es decir, cuando pacten el modo de aplicar la norma en los casos en que ésta no resulta clara. Tal novedad había sido cuestionada por el Consejo de Estado, al considerar este órgano que podía tener "dificultades de orden constitucional". El Gobierno argumenta que el carácter constitucional de la norma queda garantizado por el hecho de que el acta es de carácter voluntario. Por tanto, sólo se somete a ella el contribuyente que lo desee. Después de este trámite, el acuerdo resulta de obligado cumplimiento.

Sobre este 50% de la rebaja, el contribuyente puede deducirse otro 25% de la multa si decide abonarla en periodo voluntario (antes de apremios y embargos). Por tanto, con las dos condiciones la reducción podría alcanzar hasta el 62,5%. Además del acta con acuerdo, el ciudadano podrá suscribir un acta de conformidad cuando no haya dudas sobre la norma aplicable, que consiste en aceptar la sanción impuesta y obtener a cambio una rebaja del 30% en la sanción.

Delitos desde 3.000 euros

La Ley Tributaria fija también una nueva división de las infracciones, que serán de tres tipos: leves, con un límite de 3.000 euros; graves (con ánimo de ocultación), y muy graves (ocultación con métodos fraudulentos). Por debajo de 3.000 euros, los fraudes no serán sancionables.

Uno de los instrumentos con el que Hacienda espera reducir el fraude fiscal consiste en crear nuevas responsabilidades de las empresas con sus subcontratadas. Cuando una compañía contrate un servicio con otra podrá ser declarada responsable subsidiaria de las deudas tributarias de la subcontratada. Este procedimiento sólo se aplicaba hasta ahora con las deudas de la Seguridad Social.

El Consejo de Ministros aprobó también ayer un informe sobre el anteproyecto de la Ley General de Subvenciones, que pretende impulsar la eficacia y la transparencia en ese ámbito. La norma obligará a las administraciones a hacer públicas sus subvenciones y agilizará la concesión. Las subvenciones en España ascienden a 50.000 millones de euros al año, según Montoro.