La patronal educativa ve el estudio del Defensor "inconstitucional"

Los titulares y las patronales de los colegios concertados han calificado de "inconstitucional" el informe del Defensor del Pueblo en el que se propone limitar el derecho a la libre elección de colegio con el fin de equilibrar el número de alumnos inmigrantes entre la red pública y la concertada. Aseguran que se acercan a la cuota de niños que les correspondería y que necesitan recursos. Los centros públicos atienden al doble de inmigrantes.

Los responsables de la educación concertada están "hartos" de que se les acuse de eludir la presencia de inmigrantes en sus colegios. El último informe del Defensor del Pueblo, que publicó ayer EL PAÍS, recuerda que los inmigrantes en centros públicos suponen, respecto al total de su alumnado, un 2,22% mientras que en los concertados sólo un 0,96%.

Para el secretario general de la Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE), Manuel de Castro, "es indignante e inconstitucional que el Defensor defienda la limitación de los derechos de los ciudadanos al proponer que se limite la libre elección de centros". De Castro afirma que los centros concertados están abiertos a escolarizar más inmigrantes, pero siempre que se les subvencione por completo.

En un anterior informe, el Defensor del Pueblo acusaba a los centros concertados de selección encubierta de alumnos mediante el cobro ilegal de ciertas actividades extraescolares y servicios que no podrían pagar los inmigrantes y otros niños de entornos desfavorecidos. De Castro se defiende: "Nunca hemos sido acusados ni condenados por no admitir a un inmigrante. De todas formas, estas actividades son libres, aunque si todos los niños del colegio las pagan a lo mejor a ellos les da vergüenza [y optan por no matricularse]. Además, sé de colegios en los que hacen las actividades y no se les exige el pago".

Néstor Ferrera, presidente de Educación y Gestión, una de las patronales de la enseñanza concertada, considera el informe que ayer presentó el defensor del pueblo, Enrique Múgica, "particularmente grave e imprudente" porque habla de limitar "el sagrado derecho a elegir modelo educativo". "No se puede obligar a un musulmán, por ejemplo, a asumir un modelo educativo católico y el Defensor debería defender a todas las familias", añade.

Ferreras dice que se necesitan recursos humanos para atender a los inmigrantes, aunque también opina que "hay entornos en los que encajan mejor". "Puede que haya unidades o colegios que incumplen la ley, pero generalizar es muy serio", añade. "Pedimos más aulas para atender a estos chicos, pero la Administración nos las niega porque dicen que hay centros públicos con aulas vacías". Ferreras explicó ayer que la red concertada tiene alrededor de un tercio de la enseñanza, pero que no es cierto que le corresponda un tercio de alumnado inmigrante porque parte de sus niveles educativos no están concertados, es decir, no tienen subvención estatal.

El director general de Centros de la Consejería de Educación valenciana, Herminio García, también discrepa con el Defensor. Considera que sacrificar la libertad de elección de los padres y reservar un cupo en los centros concertados, "no se ajustan a la realidad de determinados barrios o municipios. Sería absurdo reservar plazas sólo para inmigrantes durante todo el curso en colegios donde existe una fuerte demanda, porque dejaría fuera a alumnos que solicitan una reserva de plaza", informa Neus Caballer.

Por su parte, la confederación laica de padres de alumnos (Ceapa) rechazó una distribución "equitativa" de alumnos inmigrantes si ello supone "sacarlos de su zona para llevarlos a otro sitio". Prefieren que se invierta en recursos humanos para atenderlos y que se den más becas de comedor.