El Defensor del Pueblo denuncia la saturación y hacinamiento de las cárceles

El Defensor del Pueblo denuncia la sobreocupación de la práctica totalidad de las cárceles, que llega al hacinamiento en algunas de ellas, el déficit de medios personales y las dificultades para la construcción de nuevos centros penitenciarios. Así se refleja en el informe de la institución correspondiente al año 2002. En ese año, la población reclusa pasó de 47.521 a 51.863. El informe también exige al Gobierno que acabe con los "guetos de inmigrantes" que se están creando en España, y fuerce a los arrendatarios a alquilar pisos a los extranjeros.

En el informe se califica de "preocupante" el incremento de la población reclusa. El problema fundamental de la situación penitenciaria se "deriva del hacinamiento que sufren algunos centros y la generalizada sobreocupación de la práctica totalidad de ellos", especialmente los de las comunidades de Madrid, Andalucía, Valenciana, Murcia, Cataluña y, sobre todo, Canarias.

Además, denuncia que los nuevos centros "ya se inauguran con literas en las celdas, contradiciendo el texto de la Ley Orgánica General Penitenciaria ya desde su propia concepción". Esta saturación redunda en un incremento de la conflictividad entre internos, como demuestra que en el caso de la Comunidad de Madrid las agresiones entre presos han aumentado un 20%.

También se hace hincapié en este informe en la "notable dificultad" para cumplir los programas de mejora de infraestructuras y señala que "no es previsible" que ninguna de las nuevas cárceles programadas puedan estar operativas "en el mejor de los casos" antes de 2006.

Resalta además que a pesar de tratarse de centros programados en 1992 y dotar con dotación presupuestaria, no se han comenzado a construir las prisiones previstas en Canarias, Navarra y País Vasco por "falta de cooperación de las autoridades autonómicas y locales a la hora de facilitar los terrenos necesarios". Como tercer aspecto deficitario, el Defensor subraya el déficit de medios personales y recuerda que a 25 de septiembre de 2002 se mantenían 2.220 celdas vacías "por falta de funcionarios que pudieran encargarse del funcionamiento de estas infraestructuras".

La ratio actual de un funcionario de vigilancia por cada 2,2 reclusos resulta "excesiva", a juicio del Defensor, y afecta a la seguridad de los centros, ya que debido a su régimen laboral y horario en "muchas ocasiones" un sólo funcionario debe hacerse cargo de la seguridad y vigilancia de más de cien internos.

Respecto a la reforma del Código Penal planteada por el Gobierno, y en particular a la sustitución de los arrestos de fin de semana por penas de extensión muy reducida, como tres meses, el Defensor considera que estas cortas condenas "carecen, en general, de cualquier efecto resocializador".

Respecto a los inmigrantes, el informe destaca la necesidad de que las Administraciones Públicas "combatan con firmeza la generación de guetos" de inmigrantes en España y se "empeñen en disminuir las reticencias de arrendatarios" de viviendas a inmigrantes. Así lo recoge en el apartado Racismo y Xenofobia que el informe incluye en un amplio capítulo, de 130 hojas, titulado Inmigración y extranjería.

Señala el informe que numerosos propietarios de viviendas se resisten a facilitar el acceso a ellas de inmigrantes, en régimen de alquiler, y añade que "incluso en determinados puntos se ha creado de manera sutil una situación a través de la cual se tiende a la concentración de los inmigrantes en determinados barrios".