Bruselas amplía la investigación sobre las ayudas públicas a los astilleros Izar

La Comisión Europea abrió ayer dos nuevos frentes en el expediente abierto en 2001 contra las operaciones llevadas a cabo por el Gobierno español para la creación grupo naval Izar. El regulador de la Competencia europeo investiga ahora una inyección de capital al grupo por valor de 1.477 millones de euros y una aportación adicional de capital de 515 millones a los centros de Juliana, Cádiz, Manises, Astano, Puerto Real, Sestao y Sevilla. Bruselas cree que estas transacciones, realizadas a través de la SEPI, pueden representar ayudas públicas incompatibles con las reglas que rigen en el sector naval en la UE.

Las cosas se complican cada vez más en el expediente Izar. Las condiciones bajo las que se produjo la fusión de los Astilleros Españoles Civiles (AESA) con el grupo militar naval Bazán, en julio de 2000, no están nada claras para la Comisión Europea después de dos años de investigación. Es más, se complican aún más las cosas porque los servicios del comisario de la Competencia, Mario Monti, afirman que tienen "evidencias" de que durante los últimos meses se han estado realizando nuevas transacciones financieras que pueden ser contrarias con los compromisos contraídos por el Gobierno español en 1997 para cerrar el grifo de las subvenciones a los astilleros públicos.

El regulador europeo decidió ayer ampliar la investigación por dos frentes y elevó hasta los 2.000 millones de euros el montante de las ayudas bajo sospecha, lo que puede poner en serias dificultades al sector astillero español si finalmente Bruselas decide que son ilegales.

Bruselas quiere aclarar si estas aportaciones de capital "redundaron en beneficio de los astilleros civiles españoles o de la producción civil de buques". Madrid afirma que "sólo afectan al segmento militar". La segunda decisión afecta a tres transacciones financieras por valor de 515 millones de euros, que, según Bruselas, podrían implicar una ayuda de Estado "adicional".