El Gobierno espera que la Kutxa logre adaptarse a la ley de Cajas vascas

El rechazo de la asamblea de la Kutxa a la modificación de sus estatutos para adaptarlos a la ley de Cajas vasca y la Ley Financiera mantiene al Gobierno autónomo a la expectativa. Las tres cajas deben adaptar sus estatutos antes del 7 de agosto. Si la Kutxa no logra presentarlos modificados el Ejecutivo, éste le instará primero a hacerlo y luego se lo exigirá. En todo caso, el Gobierno esperará a que se cumpla el plazo legal para actuar.

En el Gobierno se confía en que el Consejo de Administración de la Kutxa actúe y arregle la situación antes de que se termine el plazo legal. En todo caso, se mantendrá a la espera. Si la entidad finalmente presenta unos estatutos sin modificar, se le instará a cumplir la ley, porque no se trata de adaptarse sólo a la norma vasca, sino también a la Ley Financiera aprobada a finales del pasado año en las Cortes Generales.

Los gestores de Kutxa presentaron el pasado sábado a la asamblea de la entidad la modificación de estatutos y no lograron la mayoría necesaria para aprobarla. La asamblea de la caja que preside Fernando Spagnolo, celebrada a puerta cerrada, rechazó por un voto la adaptación a ley vasca, con lo que la aplicación de esta norma choca contra su primer muro.

El rechazo a la adaptación en la asamblea de la Kutxa procedió de los representantes de los trabajadores, a los que se unieron los miembros del Partido Popular y de la ilegalizada Batasuna presentes en las instituciones guipuzcoanas. A favor de la adaptación votaron los asambleístas de PNV-EA, mientras que los del PSE se abstuvieron. A Spagnolo, le faltó un solo voto para sacar adelante su proyecto. A la asamblea acudieron 81 de sus cien miembros. El resultado fue de 53 votos a favor, 19 en contra y nueve abstenciones.

Pérdida de peso

El rechazo a la adaptación a esta polémica ley procedió de los trabajadores, porque consideran que con la nueva reglamentación los empleados pierden peso en la gestión, las instituciones reducen escasamente su presencia en estas entidades financieras y los impositores y empleados de fuera del territorio natural de las cajas de ahorros apenas tienen representación en la asamblea.

El aspecto más polémico de la norma vasca es la fórmula que regula la participación en los órganos de gobierno de las cajas de las oficinas y empleados de fuera del territorio natural, motivo por el que los partidos de la oposición (PSE y PP) votaron en contra en el Parlamento. La vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, explicó el día de la aprobación del proyecto que se había adoptado la fórmula catalana, que regula y limita esa presencia mediante un fórmula matemática que relaciona el número de oficinas con los depósitos y el número de habitantes y establece un porcentaje de participación. En el fondo, se trata de una lucha por el control político de las caja.

La ley mantiene las horquillas del texto de 1991 respecto al número de consejeros y miembros de la asamblea. El Consejo de Administración de cada caja puede tener entre 11 y 17 miembros y la asamblea, entre 60 y 120. Establece que los 12 años de permanencia máxima para el presidente y los consejeros.