El juicio del siglo

El próximo 6 de noviembre comenzará en Nueva York el juicio contra 40 multinacionales acusadas por millares de víctimas del apartheid en Suráfrica de haberse beneficiado de las condiciones creadas por la segregación racial en ese país durante cuatro décadas y contribuido a apuntalar la situación con el apoyo que representaban para el poder racista de Pretoria.

La acusación privada está dirigida por el abogado norteamericano Ed Fagan, que ya ha probado su experiencia cuando obtuvo, en un acuerdo fuera de los tribunales, algo más de mil millones de euros de la banca suiza para los familiares de las víctimas del holocausto, cuyos ahorros en cuentas suizas nunca llegaron a los legítimos herederos, y que también consiguió del Gobierno y de la industria alemanes, también para evitar el litigio, 4.500 millones de euros para los trabajadores forzados, y sus descendientes, del Tercer Reich.

La apertura del juicio no está exenta de polémica, pese a que la reivindicación esté cargada de justicia. El presidente surafricano, Thabo Mbeki, considera inaceptable que materias tan relevantes para su país se diriman en un tribunal extranjero, mientras que el arzobispo anglicano y Nobel de la Paz, Desmond Tutu, que presidía la Comisión por la Verdad y la Reconciliación, abogaba en su informe final de marzo por el pago de reparaciones a los explotados por el apartheid. El Gobierno de Pretoria ha fijado esas indemnizaciones en unos 3.500 euros por cabeza para unas 22.00 víctimas. El camino ya estaba iniciado, aunque los promotores del juicio pretendían cerrarlo para siempre.

¿Dónde acaba el derecho a la reclamación de los ciudadanos contra un poder abusivo que puede haber

desaparecido incluso cuando el litigio se plantee? ¿Debe un Estado sucesor heredar la obligación de indemnizar por crímenes que no ha cometido? Que las empresas que se beneficiaron de aquel estado de cosas han de reparar, parece razonable, pero ¿cuáles son los tribunales habilitados para ello? Un día habrá, de forma generalizada, instancias internacionales como el actual Tribunal Penal Internacional de La Haya a las que competerá, sin escándalo, resolver esos problemas. Hasta ahora, los acuerdos fuera de los tribunales han aplazado muchas respuestas. Puede que no siempre sea así.