Unos 3.000 ex empleados de banca reclaman sus pensiones a las entidades

Unos 3.000 ex empleados de bancos y cajas de ahorros que abandonaron las entidades con despidos improcedentes están reclamando por vía judicial sus fondos de pensiones internos, que suman unos 270 millones de euros. El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia favorable para la plantilla de La Caixa y, en unas dos semanas, se espera otro pronunciamiento que aclare definitivamente la cuestión.

En la segunda mitad de los noventa, bancos y, en menor medida, cajas, decidieron rejuvenecer y reducir su plantilla por dos vías: jubilaciones anticipadas y despidos improcedentes pactados. Por los dos caminos, sólo los bancos han prescindido de 35.000 personas desde 1990. De todas las que se han marchado, unas 3.000 personas están reclamando fondos de pensiones internos por unos 270 millones, según Martín Godino, abogado del bufete Sagardoy, que defiende a la mayor parte de las entidades. La reclamación media es de 90.000 euros. Las entidades que tienen más reclamaciones son el SCH, el BBVA, La Caixa, Caja Madrid, Banesto, Banco Sabadell, Bankinter, Caixa Catalunya, Banco Urquijo, Barclays, BNP, Banca March, Caja España y Caja San Fernando.

Desde hace diez años este colectivo se ha ido agrupando y ha presentado demandas judiciales. Su argumento es que el despido pactado no suponía renunciar a sus fondos internos que, durante su vida laboral, la entidad debía haber dotado para ellos. El problema es que, al ser fondos internos, la ley no considera, en principio, que sean propiedad del titular del fondo, sino de la entidad que los ha dotado. El Supremo, el 31 de enero de 2001, dio un giro a este argumento al reconocer la legítima posesión de los fondos, sean externos o internos, en favor de los titulares de los mismos.

Según Martín Godino, la sentencia del Supremo "no es extrapolable a todo el sector porque el régimen interno de los trabajadores de La Caixa es distinto al convenio colectivo y es muy similar a un fondo de pensiones externo".

Por contra, Antonio Álvarez-Ossorio, socio del bufete del mismo nombre, que representa a unos 500 directivos bancarios, explica que, según el Supremo, su "argumento jurídico debe ser válido para el resto de las entidades". Este abogado cree que la segunda sentencia del Supremo tendrá la misma orientación que la primera.Álvarez-Ossorio recuerda que algunas entidades utilizaron las cantidades que habían dotado en el fondo de pensiones "para pagar el finiquito en el despido improcedente".

Este problema se ha terminado, ya que todos los bancos han exteriorizado sus fondos de pensiones, salvo el SCH. Precisamente, Ángel Corcóstegui, ex consejero delegado de este banco,

dejó la entidad y obtuvo 107 millones, de los que buena parte correspondían a fondos internos del banco. Este caso ha sido esgrimido por los abogados de los ex empleados.