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COLUMNA

Elogio del pacto

Desde hace bastantes años el PSOE viene proponiendo una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General con la finalidad de que los alcaldes sean elegidos directamente por los ciudadanos. Es una iniciativa que suelen recordar periódicamente cuando se aproxima una campaña de elecciones municipales y así lo han hecho también este año.

Nunca he estado de acuerdo con esa propuesta. Pienso que el sistema de elección de concejales con una fórmula proporcional y la posterior elección del alcalde por los concejales es una buena fórmula, que ha funcionado, además, de manera razonablemente satisfactoria. Ha garantizado la gobernabilidad de la casi totalidad de los municipios a lo largo de estos más de veinte años de democracia municipal.

El ámbito municipal es un ámbito muy apropiado para poner en práctica una política de pactos

Si tomamos el número de municipios y los multiplicamos por el número de convocatorias electorales y hacemos simultáneamente una relación de los municipios en los que se han producido fenómenos de transfuguismo, de alianzas contra natura y cosas por el estilo, veremos que no son estadísticamente muy significativos. Con la evidencia empírica de que disponemos, no parece razonable que se tenga que cambiar la ley electoral.

Obviamente el sistema actual obliga de manera no infrecuente a tener que alcanzar pactos para gobernar el municipio. Pero los pactos para gobernar son positivos, aunque para el partido mayoritario que tiene la responsabilidad de dirigir la acción de gobierno suponga una cierta frustración tener que pactar el programa de gobierno que se va a poner en práctica.

Y son positivos porque la frustración del gobernante es uno de los elementos esenciales de toda democracia digna de tal nombre, como supo ver hace más de doscientos años James Madison al explicar en El Federalista el proyecto de Constitución Federal aprobado en Filadelfia. La democracia es un sistema armonioso de frustraciones mutuas. El poder no es un bien deseable, sino un mal necesario, que tiene que ser ejercido, pero al que hay ponerle obstáculos, de tal manera que los proyectos que acaben saliendo adelante hayan tenido que pasar un filtro que garantice, en la medida en que es posible hacerlo en las sociedades humanas, la bondad de los mismos.

En la frustración del gobernante de tener que vencer las resistencias que se oponen a su acción de gobierno está la garantía de los ciudadanos de ser bien gobernados. Un gobernante eficaz es mucho más peligroso para la sociedad que un gobernante frustrado.

En España hemos tenido ocasión de comprobarlo en esta segunda legislatura de gobierno del PP. ¿Hubiera sido imaginable el decretazo en la primera legislatura? ¿Se habría podido comprometer al Estado español en la guerra de Irak? ¿Es bueno haber cambiado a uña de caballo y sin consenso toda la legislación educativa? ¿Es razonable haber cambiado sin consenso nada menos que tres veces la Ley de Extranjería? ¿Qué ha sido mejor para la sociedad española, la frustración de José María Aznar en la primera legislatura o su eficacia en la segunda? Los pactos tienen costes. Pero los no-pactos también los tienen y, por lo general, no son menores.

La enseñanza de nuestra historia de estos dos últimos siglos no deberíamos echarla en saco roto. Pocos momentos ha habido tan fructíferos en nuestra historia como el que se concretó en el pacto constitucional en 1978, con los Pactos de la Moncloa entremedio, o con el Pacto Municipal inmediatamente posterior entre el PSOE y el PCE, que iniciaron una política municipal que ha sido uno de los mayores éxitos de la democracia española en estos veinticinco años. Los pactos proporcionan estabilidad a la acción de gobierno y dan una cierta continuidad a la política por encima de los procesos electorales. Son una vacuna contra la tentación adanista a la que no es fácil que se resista casi ningún político, aunque unos menos que otros.

Los pactos subrayan, independientemente de la opción política de cada uno, que el sistema político es el mismo para todos. Por eso Madison decía que la democracia es un "sistema armónico". Las frustraciones no deben hacer perder de vista esto último. Con la demonización de los pactos y la consiguiente política de choque de trenes es lo que suele ocurrir.

La ausencia de pactos empobrece la vida política de una manera significativa. Puede llegar a ser incluso un elemento que afecte a la legitimidad del sistema político. La sociedad española es lo suficientemente compleja como para que puede ser expresada políticamente por un bipartidismo político, que sería la única forma de acabar con los pactos de gobierno en cualquiera de sus formas de manifestación: estatal, autonómica o municipal. Sería incluso peligroso que en el sistema político español y en los diferentes subsistemas autonómicos y municipales la competición política fuera exclusivamente dual. La reducción política de la complejidad social sería excesiva para que el sistema fuera percibido como legítimo. Se quedarían demasiados ciudadanos fuera del sistema. El déficit de legitimidad no quedaría compensado por el posible aumento de eficacia, que, además, no sería tal.

El ámbito municipal es un ámbito muy apropiado para poner en práctica una política de pactos. Es la mejor escuela para hacer el aprendizaje democrático de incluir al mayor número posible de ciudadanos en un proyecto de gobierno y de gobernar convenciendo y no simplemente mandando. Aunque mandar haya que mandar. Pero creo que nos entendemos todos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 25 de mayo de 2003