La Ley de Haciendas Locales ahonda la brecha entre PP y PSOE

La Ley de Haciendas Locales, impulsada por el Gobierno del PP y aprobada en las Cortes con carácter de urgencia y sin consenso, ha ahondado la brecha entre alcaldes populares y socialistas. Mientras que los primeros aseguran que la normativa es buena, los segundos discrepan rotundamente. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, presidenta también de la Federación Española de Municipios y Provincias, asegura que "es una buena ley por dos motivos. El primero de ellos es la reducción de impuestos, por la supresión del IAE". A partir del próximo ejercicio dicho impuesto se ha suprimido para toda persona física y para las empresas con unos ingresos anuales inferiores al millón de euros.

La ley es insuficiente porque no aporta recursos adicionales, según los socialistas

"El segundo valor importante", prosigue Barberá, "es una mayor autonomía fiscal" para los ayuntamientos, al ser transferida una parte importante de los tributos del Estado. La nueva normativa implanta un nuevo sistema de cesión de la recaudación de algunos impuestos (IRPF, IVA e impuestos especiales), pero discrimina según el tamaño de la población y sólo abarca los municipios que sean capital de provincia o de comunidad autónoma, o que tengan más de 75.000 habitantes.

En opinión de los alcaldes socialistas, la ley es claramente insuficiente porque no comporta recursos adicionales para los municipios, ya que la cuantía que represente la participación en la cesta de impuestos se descontará de la participación municipal en los tributos del Estado, que a partir de ahora evolucionará según la variación de los ingresos tributarios estatales. El concejal de Hacienda de A Coruña, Javier Losada, que denuncia la "actitud sumisa de la presidenta de la federación", define la última legislatura como "cuatro años de zozobra financiera y abandono por parte del PP".

En estos momentos, el peso de las haciendas locales en el sector público español es del 13%, cifra que se aleja bastante del 17% de media de los países federales y aún más del 33% de los países unitarios (los nórdicos, con sólo dos niveles de gobierno).

Sin embargo, las dos principales formaciones políticas españolas coinciden, a la postre, en la necesidad de establecer un nuevo esquema de financiación local que garantice la suficiencia, la autonomía y una mayor corresponsabilidad fiscal, a la estela de las comunidades autónomas. Y esto se traduce en un traspaso de competencias de los servicios más próximos (educación primaria, políticas de ocupación y vivienda) y en una mayor participación en los grandes impuestos españoles. Barberá y De la Torre depositan todas sus esperanzas en la negociación del Pacto Local.