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Los trabajadores de Puigneró pedirán hoy ayuda la Generalitat

La plantilla quiere que el Ejecutivo catalán participe en la nueva sociedad laboral

La Generalitat, que en el pasado puso paños calientes con préstamos y avales sobre la eterna crisis de Puigneró, entra de nuevo en escena. El consejero de Trabajo e Industria, Antoni Fernández Teixidó, se reunirá hoy con la dirección y los sindicatos, que le pedirán algo más que apoyo moral. Los empleados, que han optado por el cierre, quieren que tome el 25% de una nueva sociedad que herede los restos de la textil.

Fernández Teixidó convocó para hoy una reunión de urgencia con ambas partes para conocer "de primera mano" la situación en la que se encuentra una empresa en la que ha desembolsado 21,6 millones de euros: un préstamo del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) de tres millones de euros hace 10 años, un aval de 3,6 millones tres años después, un nuevo aval de 3 millones en 1998 y un último préstamo de 12 millones en 2000, cuando Puigneró presentó suspensión de pagos con un pasivo de 144,24 millones de euros. Se da la circunstancia de que la materialización del levantamiento de la suspensión de pagos era inminente, tras un largo retraso.

Por ahora, el Gobierno catalán no ha querido entrar a analizar la decisión que los trabajadores tomaron el pasado jueves, por 331 votos a favor y 141 en contra. Los empleados optaron, frente a la quiebra inmediata, por un cierre ordenado, que implica continuar trabajando pese a que llevan varios meses sin cobrar el sueldo, hasta que la empresa pueda responder a los pedidos pendientes.

Para los empleados que ayer se dirigían a la última de las tres plantas que permanece abierta (la de Sant Bartomeu del Grau, frente a las de Roda de Ter y de Prats del Lluçanès) fue un día extraño. Muchos de ellos acudieron al trabajo con el semblante serio y el ánimo por los suelos.

El único clavo ardiendo al que pueden aferrarse es la posibilidad de constituir, como mal menor y para crear nuevos puestos de trabajo, una sociedad anónima laboral (SAL), cuya viabilidad requeriría un mínimo de 300 empleados. Pere Puntí, que en los últimos tres años ha llevado las riendas de Puigneró, podría aceptar gestionar la nueva SAL durante sus primeros dos años de vida. Los sindicatos han acordado solicitar al Gobierno catalán que no se desentienda de la situación y que participe, al menos con el 25%, en el capital de la nueva sociedad que se constituya.

Las reuniones con los sindicatos y la dirección, que se celebrarán en la misma factoría de Sant Bartomeu, abordarán también el plan de recolocación que reclama el comité de empresa en una mesa de reindustrialización, en línea con la que se creó a raíz del cierre de Lear en Cervera.

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