Reclamo electoral

La actual Ley de Extranjería, presentada en su momento por el Gobierno del PP poco menos que como definitiva y el no va más de la respuesta legal a los problemas de la inmigración, afronta su cuarta reforma -sin que haya culminado aún la tramitación parlamentaria de la tercera, que permitiría expulsar sin juicio a los inmigrantes que cometan delitos- a lo largo de los dos años y medio que lleva en vigor. Tan intensa terapia reformista sólo se comprende si se trata de una ley gravemente enferma, pero Aznar ha tenido la habilidad o la frescura de exhibir esa cuarta reforma -que será aprobada por el Consejo de Ministros 48 horas antes de los comicios del 25 de mayo- como un reclamo electoral hacia un sector social que parece exigir aún mayor dureza frente al inmigrante.

Aznar ha defendido la nueva reforma con el mismo argumento con que justificó la Ley de Extranjería: hay que favorecer la imigración legal y poner coto a la irregular. ¿Es una tácita confesión del fracaso de la ley en sus objetivos básicos? Hay que estar ciego para no ver que la Ley de Extranjería ha cerrado aún más las vías de la inmigración legal en España, dejándolas reducidas en la práctica al insuficiente y mal gestionado cupo anual de mano de obra extranjera, y no ha servido para controlar la inmigración irregular, como pone de manifiesto la gigantesca bolsa de inmigrantes sin papeles -unos 600.000- que sobreviven sin posibilidad de regularizar su situación tras el cierre a cal y canto del llamado régimen general.

La nueva reforma da una vuelta de tuerca más a la dureza originaria de la Ley de Extranjería, salvo en una cuestión: el visado podrá servirle de permiso de residencia al inmigrante llegado a trabajar legalmente en España, ahorrándole un engorroso y redundante trámite burocrático. Pero por lo demás, no sólo no abre puertas a la inmigración legal, sino que prevé trasponer al nuevo texto de la ley los 11 artículos del reglamento anulados recientemente por el Tribunal Supremo por restringir derechos fundamentales, entre ellos, la tutela judicial efectiva de los inmigrantes sin papeles interceptados dentro de territorio español o la libre circulación del inmigrante indocumentado autorizado a permanecer en España.

Su descaro en remitir al Congreso en plena campaña electoral una iniciativa legislativa que supone la reforma de 20 de los 70 artículos de la Ley de Extranjería no ha impedido al Gobierno apelar al "consenso de los partidos". Pero con este tipo de comportamientos su llamada al acuerdo es lo más parecido a un brindis al sol.