Una política bajo el signo del 'modelo Alzira'

El hospital de la Ribera es el símbolo de la política sanitaria por la que ha apostado el Partido Popular desde su llegada al Palau de la Generalitat: la transferencia al sector privado de la gestión de recursos públicos. Meses antes de acabar la legislatura pasada, el entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, puso en marcha el hospital, convirtiendo el acontecimiento en todo un acto de fe. Cuatro años más tarde se repetía la historia.

El gobierno popular dobló la apuesta que hizo cuatro años antes: no sólo habrá dos centros gestionados de forma privada (el de Alzira más uno de futura construcción en Torrevieja) sino que además, junto a la atención especializada -hospitales- se trasferirá al sector privado la primaria -centros de salud.

La decisión, cerrada tras el concurso resuelto en abril, era un paso más en el modelo impulsado por Zaplana y sobre el que insistió, ya como ministro, en noviembre del año pasado cuando apeló a profundizar en la gestión de los servicios públicos para "garantizar la sociedad del bienestar".

El modelo Alzira, sin embargo, no ha sido demasiado rentable, a juicio de los pocos datos económicos que han trascendido ante el empeño de la Administración de no hacerlos públicos. Como apuntó el director general de Adeslas a principios del año pasado, durante sus tres primeros años de vida, los resultados de la gestión han sido negativos para la unión de empresas encargadas de dirigir el centro -formada por Adeslas 51%, Bancaixa y la CAM con un 40%, y las constructoras Dragados y Lubasa.

El recurso a lo privado no se ha limitado a Alzira o Torrevieja. En lugar de comprar equipos, se optó por un concierto para subsanar la falta de resonancias magnéticas, lo que derivó en un auténtico "pelotazo" según la Sociedad Española de Radiología. Resultado: sólo en Alicante, se elevó un 48% la facturación.

A ello se añade la apuesta del PP por los conciertos sanitarios con empresas privadas, con el Plan de Choque a la cabeza, el programa que desvía la lista de espera en la sanidad pública a las clínicas. En 2001, Sanidad pagó 54 millones más de lo previsto por estos conceptos.